«En México hay personas solicitantes de refugio de más de 100 nacionalidades distintas»
Enrique Vidal es director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, que cada día atiende a más personas en movimiento en la frontera sur de México.
- ¿Qué es y qué tarea se realiza desde el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba?
Somos una organización local en primera línea de terreno afincadas en Tapachula, Chiapas, a 30 kilómetros del punto fronterizo con Guatemala. Damos acompañamiento a personas en distintos contextos de movilidad. Usamos este término para no etiquetar la naturaleza o categoría de persona, sino que hablamos del contexto que se da por las causas del desplazamiento y por las políticas migratorias que les privan acceder a sus derechos. Ofrecemos acompañamiento jurídico, psicológico, de integración social por acceso a derechos, y también promovemos iniciativas de integración social comunitaria de participación colectiva. Todo esto lo recogemos en un modelo de documentación específico del contexto actual que nos permite tener información de primera mano, tener miles de testigos para sistematizar y construir argumentos de defensa de derechos humanos en espacios de incidencia política, social y comunitaria, y jurídica, que nos sirven para realizar litigio estratégico ante los tribunales nacionales de México y del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Actualmente, somos un equipo de 30 personas que trabajamos en el Centro Fray Matías, recibiendo cada mañana a las personas que vienen a las oficinas.
- ¿Cual es la situación en la frontera sur de México?
En los últimos años hemos recibido un número más grande de personas respecto a decadas anteriores. Cerramos el 2023 con 140.000 solicitudes de refugio en México, una cifra récord. Entre un 70-75% de estas peticiones se tramitan o se inician desde la ciudad de Tapachula. Pero el acceso a los procedimientos de refugio están condicionados por estar bajo una política migratoria que todavía está basada en la detención masiva de personas y deportaciones en países de origen. En los últimos años, hemos dejado de recibir a personas que van a buscar una aventura económica, y a hombres solos que buscan mejorar la calidad de vida de sus familias. Ahora recibimos a familias completas, a veces con dos y tres generaciones.
Son testigos de supervivencia de graves violaciones de los derechos humanos sistemáticas y violencias generalizadas en los países norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador) pero, cada vez más, personas caribeñas de países como Cuba o Haití. También de países de Sudamérica como Venezuela, Perú o Bolivia, así como nacionalidades del continente africano o del sudeste asiático. En México, hay personas solicitantes de refugio de más de 100 nacionalidades distintas. Todo esto se debe a una externalización de la frontera de Estados Unidos, que sigue marcando una hegemonía sobre cómo determinados países deben llevar a cabo su política migratoria.
El primer círculo de externalizaciones es la frontera sur de México con Guatemala, y después hay otras que han venido descendiendo cada vez más hasta llegar a la frontera entre Panamá y Colombia. Por tanto, las personas que nosotros recibimos vienen de haber vivido situaciones muy complejas y graves, que afectan especialmente a la infancia y los adolescentes, sobre todo a las niñas y mujeres jóvenes, que se enfrentan a situaciones cada vez más graves por culpa del crimen organizado. Determinados grupos están directamente vinculados con las administraciones de los países de tráfico incluido, desgraciadamente, el gobierno mejicano. En este sentido, es un contexto en el que hay mucha violencia, pero donde las personas todavía tienen la capacidad, la fuerza, la creatividad y las estrategias para seguir atravesando las fronteras internas, políticas, simbólicas y militares con el objetivo de tener un proyecto de vida migratoria. En algunas ocasiones con México como país de destino, o con el objetivo de llegar al sistema de asilo estadounidense y, en menor medida, el canadiense.
- ¿Crees que el reciente cambio de gobierno mexicano conducirá a nuevas propuestas o seguirá la misma línea hacia la gestión migratoria?
Los recientes resultados electorales en México nos dan un panorama de mayor legitimidad y base social del gobierno entrante. Lo que ha salido es ya uno de los que tenía mayor credibilidad entre la población mexicana, pero este nuevo viene de una orientación previsiblemente más moderna, menos dependiente de conceptualizaciones políticas del México de los años 80-90, y con una fuerza y capacidad diferente. Aún así, la política migratoria está completamente determinada por Estados Unidos y las negociaciones entre ambos estados, ya que México es ya el principal socio comercial de Estados Unidos, por delante de China. La relocalización económica que está sucediendo en la región está poniendo la agenda migratoria en una necesidad de negociación y consenso, y cada vez menos imposición lisa y plana. Pero poco a poco México ha ido incorporando un rol propio de contención migratoria. Debemos avanzar mucho en este sector de apoyo del gobierno actual para favorecer una agenda de inclusión social e interculturalidad, y de lucha contra el racismo y la xenofobia, que permita una agencia propia con avances significativos en materia de derechos humanos e inclusión socioeconómica y laboral.
Todo estará muy condicionado a los resultados de las elecciones estadounidenses en noviembre, donde una victoria del partido republicano tendría una expresión mucho más racista y discriminatoria de la que ya se tuvo con Donald Trump en el 2017. En el caso de una victoria del Partido Demócrata, habría una posición muy débil que siempre estaría buscando negociar la agenda migratoria con la parte moderada del partido republicano. Así que, en el horizonte, no vemos posibilidades de cambios estructurales.
Este funcionamiento de las fronteras lo estamos viendo a nivel global. Tanto en Australia como en el Mediterráneo -y en el sur de España-, se está repitiendo el mismo modelo de contención migratoria. Es un fenómeno que se está globalizando y, con esa gestión de fronteras, se están provocando los contextos de violencias que estamos afrontando. También hay situaciones que escapan a las coyunturas electorales de un país u otro.
- ¿Y qué rol desempeña el Centro Fray Matías en este contexto?
La gente nos ubica como herramienta para reforzar el acceso a sus derechos. Es muy importante comprender que las personas no buscan una ayuda asistencial, sino que quieren tener la información que venza la desinformación que reciben por parte de los gobiernos y las redes de tráfico de personas, y puedan tomar decisiones sobre qué quieren hacer como familia o cómo a pareja, ya sea en diferentes zonas de reubicación dentro de México, como en Estados Unidos, donde cada vez es más difícil cruzar. Por tanto, México se está convirtiendo en un país de destino de refugiados, cuando hace unos años no lo era. Así que nuestras estrategias de acompañamiento van orientadas a dar esa posibilidad de ubicarse en la realidad socioeconómica, laboral y de vivienda que se pueden encontrar en México.
Como centro de derechos humanos con 27 años de experiencia en la frontera sur de México, hemos ido construyendo una memoria histórica que se convierte en una memoria política de la movilidad humana como uno de los principales flujos de movilidad a nivel global. Actuamos también como un espacio de análisis y compartimos experiencias que pueden favorecer en la incidencia política y en las redes de solidaridad y hermanamiento con otras luchas sociales y políticas.
- ¿Cuáles son las principales dificultades que se encuentran para trabajar?
Como activistas y personas defensoras nos afrontamos en algunas situaciones de difamación, intentos de desacreditar e incluso criminalizar nuestra labor, relacionándolo con el tráfico de personas o de colaboración con estas redes. La orden ejecutiva de Joe Biden de esta semana precisamente habla de actores privados que colaboran en la red de tráfico de personas en la zona sur de México y Centroamérica. Este discurso tan abstracto nos pone en situaciones de riesgo, haciendo que constantemente estemos legitimando nuestra labor con organizaciones internacionales y medios de comunicación para entender qué realidad está en juego y que nuestro enfoque es denunciar la violación de derechos humanos de las personas. Porque el modelo migratorio tal y como está establecido no favorece al gobierno o las personas, sino a una industria armamentística ya un lobby muy fuerte de Estados Unidos, y al crimen organizado transnacional.
Sin embargo, el principal riesgo lo tienen las personas que acompañamos que, constantemente, sufren secuestros, violaciones o violencia sexual de diferentes tipos, riesgos de desaparición, formas de tortura por parte de agentes públicos, y de detención migratoria -que es una forma de privación de libertad irregular y arbitraria-. Esto se le suma estar expuesto a la deportación a sus países de origen, que les supone un riesgo en su vida y su libertad por las condiciones sociopolíticas de estos países. Cabe recordar que los principales países expulsores de América Latina son los que tienen sanciones económicas y embargos comerciales por parte de Estados Unidos, han sido despojados de sus territorios, bienes naturales y medios de producción… Todo esto viene de esa lógica neoliberal y neocolonialista que tiene a los pueblos completamente desprovistos y crea climas de violencia radical.
También hace falta mencionar el estado de la salud mental de estas personas por todas estas condiciones, y lo que les genera la incertidumbre sobre su situación. Esto también debe ponerse en el centro.