Gloria Cuartas: “Para avanzar en la construcción de la paz lo teníamos que hacer sin armas”
A pesar del horror vivido, la gente continúa dirigiéndose a ella como “la alcaldesa”. Gloria Cuartas actualmente dirige la Unidad para la Implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia, y recientemente ha sido nombrada directora de la Unidad para las Víctimas. Fue alcaldesa de Apartadó de 1995 a 1997. Es licenciada en Trabajo Social y se ha especializado en Geografía Política. Recientemente, ha hecho una gira por Barcelona invitada por el Fons Català, donde ofreció la ponencia inaugural de la Nit del Fons 2025.
- ¿Durante tu periodo como alcaldesa de Apartadó, cómo afectaba el conflicto en Colombia a este territorio?
Colombia venía de una negociación con las antiguas FARC, en medio de todas las que se han intentado. Habían desencadenado en un partido político: la Unión Patriótica. Este partido había mostrado una propuesta de trabajar la salud y la educación y los proyectos económicos de una manera alternativa, como una propuesta antihegemónica al modelo capitalista en Colombia treinta años atrás. Esto generó un choque de intereses entre los grandes empresarios bananeros, ya que se partía más de lo pequeño, de juntar comunidades campesinas, obreros… y se estaba mostrando que era posible el cuidado ambiente ambiental, desarrollar propuestas como los Municipios Asociados del Urabá (con siglas, MADU), etc. Esto hacía una planeación del territorio muy potente que generó tensiones.
Se profundizó la muerte en esta región donde había presencia de la guerrilla, las antiguas FARC, y varios frentes, con grupos paramilitares que nunca han sido grupos ocasionales o que llegaron a defenderse de la guerrilla. Fue una propuesta que se mantuvo y se mantiene como parte del enemigo interno. La visión que los Estados Unidos han tenido con el continente para mantener a los movimientos sociales, a los sindicatos… como una sospecha de que esto llega a desestabilizar sus procesos. Se desencadena más la muerte hacia la Unión Patriótica: masacres, desapariciones, violaciones… Pero en la región no solo estaba este proceso político, sino que en los años 90 también se habían generado procesos con otras guerrillas (el M-19). Colombia había tenido la experiencia del Movimiento Armado Quintín Lame, que es de pueblos indígenas; y en el Urabá, con uno de los ejércitos guerrilleros más fuertes, el EPL, que se pasó al proceso político como Esperanza, Paz y Libertad. Esta dinámica de tensión, de disputas territoriales y de narcotráfico llevan al genocidio de la Unión Patriótica.
En medio de toda esta adversidad yo trabajaba en la región y el obispo de ese entonces, monseñor Isaías Duarte Cancino, propone un acuerdo político económico y las organizaciones los partidos y que tuviéramos lo que se llama el consenso Unidad por la Paz. En principio fue esa la utopía: tratar de mantener una nueva alianza. Aceptamos, yo participé, pero los candidatos fueron asesinados y me quedé sola. Después entendimos que eso era un acuerdo de que el pacto no permitía la diversidad, y que ese pacto lo que estaba haciendo era por la vía de la muerte y por la vía de los señalamientos, usar la democracia o los procesos democráticos para eliminar los contrarios.
- ¿A qué retos tuviste que enfrentarte como mujer para liderar en un contexto de aquellas características?
Al mes de haber llegado a la alcaldía, el 1 de enero de 1995, llegamos en una condición que traía dos agendas: la agenda pública, que hablaba de paz; y la agenda privada, donde sectores políticos a escala local-nacional-internacional venían a eliminar el proceso. Eso fue una reflexión posterior. Fueron tres años donde había que tomar una decisión: o profundizar la muerte y el horror, o tomar varios simbólicos. Como alcaldesa, mi decisión de mujer fue con las organizaciones de víctimas, con los militantes de izquierda, con la juventud… Tenía 34 años cuando llegué a esta responsabilidad, y mi primer objetivo fue no usar armas.
Cuando llegué a la alcaldía, todo estaba como un búnker, pero retiré todos los escoltas, la vigilancia, el carro blindado… y me fui por los barrios aun sabiendo que había presencias militares de todos los grupos. Pero si intentábamos avanzar en la construcción de la paz lo teníamos que hacer sin armas, y con una palabra incluyente, pudiendo entender los problemas estructurales económicos, políticos y sociales, y ante todo, recuperar la dignidad humana. Entregando un solo mensaje que pudiera llegar también a los grupos armados, pero de igual manera a las personas del pueblo: las maestras, los grupos económicos y los empresarios, a la infancia y la juventud…
A mí los grupos paramilitares no me dejaban construir físicamente, ni una carretera ni llevar material para construir una escuela en una zona rural. Sin embargo, creo que la mayor obra no fue material. Era muy difícil pensar que simultánea a la destrucción podríamos construir físicamente. Pero estábamos construyendo la mejor obra: que los niños y niñas con vivencias horrorosas fueran creciendo en el pueblo y encontrar la posibilidad de crear solidaridades y ayudas para proteger la juventud. Hacíamos un gran cuidado de lo que quedaba de la vida.
- ¿Cómo podía implicarse un municipio en la construcción de paz en aquellos momentos?
Trabajamos en un corredor educativo. En medio de las bombas, del asesinato, y del miedo unimos en un corredor educativo el pueblo que tenía unas condiciones económicas más o menos favorables, con el pueblo de mayor sufrimiento. Traíamos a las niñas y los niños de otras escuelas a los sitios donde había laboratorio, en jornadas de intercambio. Eso implicó que tuvimos que arreglar los andenes para que los chicos pudieran circular, o la siembra de árboles, porque es una zona de mucho calor.
En las aulas, otra tarea en la construcción de la paz es enseñar geografía e historia con un currículum educativo sobre cosas que hasta ese momento eran un misterio para los niños y niñas. Qué transita y llega por el mar, qué hay debajo de la tierra, cuáles fueron los pueblos originarios… Mi profesión era el trabajo social, y empezamos a preocuparnos no solo por la política social, sino también por las transformaciones económicas. Estudiamos si había oro o carbón, qué implicación tiene la sierra… Este enclave fue el primero en el que llegó la colonización española. Es un punto muy importante de la geopolítica, está frente a Panamá. La cuenca del Atlántico y el Pacífico, el Tapón del Darién, te une con todos los pueblos originarios.
La música, la pintura, el teatro y la poesía también se convirtieron en una pedagogía política, una alfabetización para despertar del miedo a la gente. Con los maestros y maestras, y con las personas encargadas de las juntas comunales, trabajamos el arte como un medio para propiciar un lugar seguro después de la masacre. Recuerdo toda la cadena de profesionales de los hospitales (médicos, enfermeras, auxiliares, porteros, etc) como atendían por la mañana a los carros de cuerpos, y por la tarde se turnaban y sacaban tiempo para ir a la Casa del Arte a hacer cerámica, hablar, tomar un café, hablar sobre lo sucedido, etc.
Otro ejemplo es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una iniciativa de los sobrevivientes para defender el derecho al territorio, el derecho al agua, el derecho a la memoria y el derecho a proteger el ecosistema de la Sierra de Abibe. Hoy, esta comunidad, hace parte de lo que hemos llamado la geografía de la esperanza.
La gente recuerda esa época con horror pero, sin embargo, me siguen llamando “la alcaldesa”. Entender el valor político, intelectual y decidido de una autoridad local, que se implica en las causas profundas de un pueblo, te hace universal. El alcalde no es quien tiene el poder local, es el mediador, el facilitador. Porque el poder está a todas las escalas. No puedes decidir en un solo lugar cómo resolver la guerra y lograr la paz. Pero Apartadó se convirtió en un espacio revolucionario del arte y la esperanza.
- Actualmente, eres directora de la Unidad para la Implementación de los Acuerdos de Paz. ¿Cómo se llega a esta situación?
La llegada del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez después de 200 años de una política bipartidista y excluyente, con profundos sesgos políticos, y evitando el movimiento social y el pensamiento diverso, nos ha llevado a vivir más de 40 procesos de paz distintos en Colombia. Con guerrillas, con organizaciones sociales, con grupos paramilitares que han entrado en procesos de negociación… todos los esfuerzos que se hacen por la paz se necesitan. Aunque algunos desalientan, son las vigas de amarre.
Cuando se firmó en 2016 el acuerdo de paz con las antiguas FARC, nos unimos gente de diferentes partes del país. Se identificaron 75 corredores de sufrimiento. Empezamos a hacer un esfuerzo de cómo reconstruir el país, sacar las armas de la política, avanzar en cambios estructurales económicos y del modelo de desarrollo, y en una política de paz que ante la diversidad de opiniones se pueda construir este proyecto de país. Se plantearon 6 grandes puntos que cogen la visión global de Colombia: la reforma integral, la participación política, el fin del conflicto y que los firmantes de paz pasen a ser parte de la vida del país, la sustitución de uso ilícito de cultivo, y el acompañamiento y seguimiento al proceso de paz. Estos seis puntos nos ponen un compromiso unilateral del estado colombiano para llegar al 2031 y que las inversiones nacionales e internacionales, y el trabajo interno, nos ayuden a tender un hilo de luz para activar las distintas escalas de transformación del país. Es de una arquitectura muy compleja. Pero muchas personas expertas e investigadoras coinciden en que este acuerdo tiene muchas esperanzas.
- ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son los principales retos que se han tenido que abordar?
En noviembre de 2022, se aprueba la Ley de Paz Total con la que, como gobierno, tenemos un reto global de acuerdo con las antiguas guerrillas y repensar con el ELN los procesos, junto con el Clan del Golfo y otros grupos paramilitares que han nacido dentro del estado. Esto que digo es algo muy polémico, porque hay investigadores que dicen que son de afuera. Pero yo creo que están adentro.
Hay un reto con los jóvenes que están dentro de pandillas y no pueden ser calificados como delincuentes. Tienen que formar parte del establecimiento de justicia. Y el Presidente empieza esta tarea, muy complicada, porque ha tocado dialogar en la mesa con grupos insurgentes, donde hay intereses de la mafia, donde tienes fuerza pública que también se ha enriquecido con el conflicto. En esta Ley de la Paz Total no hemos llegado a un punto de equilibrio, pero estamos intentando colocar el diálogo por encima de la confrontación.
Las rutas por donde sale la droga y su incautación en el mar ha implicado una política antidroga que está más puesta en Estados Unidos que en la realidad en América Latina, y esta política también tiene un debate internacional. ¿La legalización de la droga es el camino? Quizás la farmacéutica, la ciencia y la tecnología, pueden encontrar otros usos de la hoja de coca. Porque el problema no es la hoja de coca. Es el uso que se le da a través de los químicos. Esto ha traído muertes y una red profunda a la que sabemos que no interesa superar el conflicto de la droga. Porque el armamentismo también mueve mucho dinero, prestigio y corrompe. Pero estamos en una política feminista de desmilitarización no solo de los Estados, sino también de la gente.
Yo tengo la responsabilidad de la implementación de los Acuerdos de Paz. Son 53 entidades del Estado y 25 sectores en los que hay que organizar la inversión pública como política de paz, para que cada Ministerio destine unos recursos en salud, vivienda, etc. Esto no es tan sencillo por el modelo neoliberal de la administración pública, donde cada Ministerio viene cumpliendo su misión. Esto obliga a los Ministerios a hacer una transformación de la administración pública.
También tenemos el reto de comprar y legalizar 7 millones de hectáreas. En este gobierno, hemos alcanzado 1.500.000 hectáreas de tierra formalizada y 500.000 compradas, y esto es muy importante para los pueblos étnicos, las zonas de ley segura, para decidir propiedades y usos de tierras que son del Estado, para la reserva forestal, para los grandes ecosistemas de nacimientos de agua… porque el conflicto llevó a la gente a estos lugares. Y hoy estamos trabajando propuestas como títulos verdes con restricción de uso, para que la gente pueda permanecer en sus territorios pero transformando los usos del suelo: ni ganadería extensiva ni minería. El catastro multipropósito es también el corazón de la reforma agraria. Esto permite a los alcaldes conozcan claramente quiénes son los grandes terratenientes que no han pagado impuestos, dónde están las víctimas del conflicto, si hay gente que está haciendo procesos de retorno… También tenemos a 12.200 firmantes de paz que están en proyectos productivos y de ecoturismo, en lo que se llama “Colombia destinos de paz”. Puedes ir a visitar proyectos rurales en ríos y montañas de firmantes de paz. Son parte de ese catastro para que ese cobro de impuestos sea diferencial. Y en los subsistemas de la reforma rural integral también se están integrando recursos nacionales y de cooperación internacional para hacer vías rurales, equipamientos comunitarios, escuelas, puestos de salud…
En la jurisdicción para la paz, todo lo que es el sistema restaurativo, se está llegando a decisiones judiciales sobre los máximos responsables tanto del Ejército Nacional como las antiguas guerrillas para las sanciones propias. Tienen que tener un carácter restaurativo y retributivo: restricción de la movilidad para quienes fueron los máximos responsables, que no quiere decir la cárcel. Esta es la transformación más fuerte que estamos teniendo en el país.
Pasar de la cárcel y de lo punitivo, a un proceso de pedir perdón y de reconocer lo que ha pasado y, colocar la mano de obra para hacer inversión social, implica una transformación cultural muy potente.
También hay firmantes de paz que han puesto su vida en un proyecto para buscar a personas dadas por desaparecidas con toda la técnica y todo el rigor forense y antropológico, y acompañados por entidades expertas. También hay un grupo de firmantes de paz que están mapeando los lugares con sospechas de minas.
Pero lograr que el Estado trabaje junto aún no lo hemos logrado. Es un trabajo lento y políticamente difícil… Hoy estamos con un Congreso que no ha aprobado la reforma de salud, la reforma laboral… Estamos en un instante de contradicción porque las leyes las tumban los congresistas o la corte constitucional. Hay un presidente y un pueblo que está construyendo una propuesta alternativa pero con grandes presiones a su alrededor.
- ¿Cuál es la situación humanitaria actualmente en la región del Catatumbo?
Se trata de una región al lado de Venezuela, donde hay un gran interés de Estados Unidos por ocupar esa frontera y en pensar cómo desde Colombia se pueden hacer ocupaciones militares a Venezuela. Yo asumo toda mi responsabilidad como trabajadora por la paz y funcionaria del Gobierno. Y como mujer estudiosa de la paz de Colombia, hago una alerta de la preocupación por estos más de 2.000 km de frontera que nos unen desde La Guajira hasta Arauca. Para que nunca vaya a ser utilizada Colombia para ninguna agresión a ningún país hermano. Nuestra frontera ha permitido siempre que sea una zona binacional, porosa y de mucho movimiento. Una región compartida en la economía, en los cuidados de animales, en el agua…
El ELN habita esta frontera, a mi parecer todavía como expresión política. También está el Clan del Golfo, y los grupos que vienen haciendo presión para ocupar una territorialidad fronteriza, y llegan las disidencias de las antiguas FARC por todos los entrampamientos. Porque en Colombia, desde el presidente Santos y el presidente Duque, se hicieron entrampamientos a la paz que pasan por asesinar a excombatientes y combatientes para no llegar con ellos a la mesa de negociación, porque tienen más condiciones políticas. Luego viene la dispersión y reventón de los procesos. Todo esto se ha mezclado en el Catatumbo.
Ahí tenemos a más de 50.000 personas desplazadas por el conflicto. Las acciones del ELN contra la población fueron atroces. No tiene justificación en términos del dolor ocasionado. Pero cuando hay más confusión, hay más miedo y más muerte, hay que buscar soluciones para parar el dolor de las víctimas, que tienen que estar por encima de las condiciones militares. Las dos partes tienen que buscar salidas políticas. Tenemos que proteger a las personas que han honrado el acuerdo de paz.
Hay una entidad en Colombia que es muy potente: la Defensoría del Pueblo. Es un órgano constitucional y autónomo que está ayudando a generar acompañamiento a las víctimas y está organizando rutas humanitarias para llegar a los lugares donde hay confinamiento para acompañar a las comunidades. Estamos llegando a una etapa aun con dificultad de acompañar retornos. Por ello, creo que hay que hacer una gran campaña internacional para decirle al ELN y a todos los grupos del gobierno que se respete el derecho de las comunidades campesinas, de las mujeres, y de las víctimas a retornar a sus lugares. No podemos desocupar y simplemente decir que nos vamos todos. Yo vengo de una generación que resiste en territorio. Donde la gente tiene su raíz, su memoria y su derecho, que tenemos que proteger.