María Caal: “Así como las personas tenemos derecho a vivir, también la Madre Tierra tiene derecho a existir, a respirar, a regenerarse”
María Caal Xol es defensora miembro de la Resistencia Pacífica del Territorio del Cahabón, una organización indígena del pueblo maya q’eqchi’ que trabaja para proteger los ríos Cahabón y Oxec, en el departamento de Alta Verapaz, en Guatemala. Este territorio, de gran valor ecológico y espiritual, es también escenario de una fuerte disputa entre las comunidades indígenas y las empresas hidroeléctricas, que operan con el apoyo de instituciones públicas y financiación internacional. María, igual que otras muchas mujeres indígenas, denuncia la criminalización y persecución que sufren las personas que defienden el territorio y los derechos colectivos de los pueblos originarios. Su lucha es también la de un modelo de vida en armonía con la natura, amenazado por el capitalismo extractivo. Durante el mes de abril María Caal dio varias charlas por el territorio catalán como participante de la gira de primavera de la XV edición de Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos.
- Dentro de las campañas de concienciación que hacéis desde el colectivo “La Resistencia”, también explicáis el impacto positivo que tiene la conservación de los ecosistemas naturales, no solo en el ámbito ambiental, sino también a nivel social, espiritual y económico. ¿Nos podrías dar ejemplos concretos de este impacto en las comunidades mayas q’eqchi’ y como esta visión se contrapone a los proyectos extractivos?
La lucha que realizamos es por la defensa de los elementos naturales. Para las comunidades mayas q’eqchi’, la naturaleza no es una cosa externa, sino que forma parte de nuestra manera de vivir. La Madre Tierra, los bosques y los ríos, como el Cahabón, son sagrados para nosotros, son un elemento fundamental para la vida de las personas, de los animales y de las plantas.
Su desviación para la producción hidroeléctrica nos deja sin acceso al agua, tanto para beber como para cultivar. Vemos como cada día disminuye el agua de nuestro hogar. Por eso decidimos empezar con una lucha de resistencia en contra de estas empresas extractivas que operan en nuestros territorios. Para hacerlo, nos organizamos para concienciar a las comunidades de la región de lo que está pasando.
- Cuáles son los principales reclamos que la comunidad maya q’eqchi’ ha puesto sobre la mesa en defensa del territorio, de los derechos colectivos y de su modelo de vida?
Nuestro reclamo al Estado de Guatemala es básicamente que ya no siga otorgando más licencias para las empresas extractivas. Hablamos de empresas mineras, hidroeléctricas, palmeras de producción de aceite y empresas cañeras. La madre naturaleza nos ha dado la la oportunidad de vivir en armonía con la naturaleza. La tierra y el agua son bienes comunes que tendrían que ser protegidos para todas y todos, no por unos cuántos con poder económico.
Nuestro reclamo es que dejen de saquear los elementos naturales y despojar los recursos de nuestras comunidades. Denunciamos que la tierra no puede ser mercantilizada y que no somos nosotros quien estamos ocupando sus territorios, sino ellos los que vienen a saquear los nuestros. También pedimos responsabilidades a quienes financian estos proyectos, incluidos bancos e instituciones internacionales.
Además, reclamamos que se reconozca a la naturaleza como un ser vivo con derechos propios. Porque esto no es solo una vulneración de derechos humanos, es también un crimen ambiental. Así como las personas tenemos derecho a vivir, también la madre tierra tiene derecho a existir, a respirar, a regenerarse. Cuando se destruyen los ríos o los bosques, también se destruye la vida de los animales, las plantas y de los pueblos enteros.
- ¿Nos puedes explicar en qué consiste la persecución y criminalización de las defensoras de los derechos humanos en Guatemala? En el caso de las defensoras de los derechos de las comunidades indígenas, ¿qué mecanismos se utilizan para silenciarse y qué argumentos se esgrimen para justificar esta criminalización?
Las empresas extractivas ofrecen apoyo económico a los candidatos electorales que mantendrán sus intereses. De esta manera, se aseguran que cuando lleguen al poder seguirán otorgando más licencias para los distintos proyectos extractivos. Por eso, cuando denunciamos las injusticias, cuando decimos que no queremos empresas extractivas en nuestros territorios, el Estado responde con represión. En Guatemala no puedes alzar la voz. Nos acusan falsamente, nos persiguen, nos difaman. Fabricar delitos es una práctica habitual para silenciarnos y cada día cambian las tácticas de cómo criminalizar a las personas.
A las mujeres, esto nos afecta todavía más: ¿quién cuida de nuestros hijos cuando somos encarceladas? ¿Dónde queda nuestra familia? Yo misma he vivido esta violencia con el caso de mi hermano, Bernardo Caal, que fue encarcelado para denunciar la destrucción de nuestros ríos. Durante cuatro años, no pudo ver crecer a sus hijas. Todo esto pasó mientras las empresas seguían operando impunemente.
- Sabemos que existen precedentes de jurisprudencia internacional en la defensa de los territorios indígenas, como el fallo a favor de la Corte Superior de Justicia del caso del río Marañón en el Perú, que también fue liderado por las mujeres indígenas Kukama. En Guatemala, el Tribunal Supremo reconoció el 2017 la necesidad de aplicar el Convenio 169 de la OIT, pero todavía se continúan vulnerando los derechos de las comunidades. ¿Qué ha pasado desde entonces?
Las comunidades seguimos sin ser consultadas y se siguen otorgando licencias. El gobierno actúa como si no nos viera, como si no nos escuchara. En nuestro territorio se han desviado más de 50 kilómetros de río, se han destruido lugares sagrados y se han talado de manera ilegal más de 15 hectáreas de bosque natural.
Nosotros hicimos nuestra propia consulta comunitaria el 27 de agosto del 2017. Más de 26.000 personas dijeron que no querían hidroeléctricas en el territorio maya. Pero el gobierno no lo reconoció. Las empresas presentaron recursos legales diciendo que sí que se había hecho consulta –cuando sabemos que no es cierto. Esto demuestra cómo el poder económico compra voluntades y manipula la justicia para favorecer los intereses de las empresas. La justicia guatemalteca está al servicio del poder económico. Aun así, nosotros continuamos resistiendo, por nuestros hijos, por nuestros limpios, por las generaciones futuras.
- En Ecuador, la Pachamama ha sido reconocida dentro de la Constitución a través de un referéndum. ¿Crees que una iniciativa similar sería posible en Guatemala? ¿Qué retos políticos y sociales tendrían que superar las comunidades indígenas para conseguirlo?
Es difícil, pero no imposible. El principal obstáculo es el poder económico y la corrupción política. Muchos políticos llegan al poder financiados por empresas extractivas y, una vez elegidos, solo defienden sus intereses.
Además, el cambio climático ya nos está empezando a afectar negativamente, debilitando nuestra Tierra y nuestros elementos naturales básicos para la vida. La tierra ha perdido fertilidad, las cosechas como el maíz, el frijol o el cacao se pierden. Esto genera más pobreza y migración
Pero los pueblos originarios tenemos claridad. Sabemos de dónde venimos y sabemos que somos los legítimos dueños originarios de nuestros territorios.
- ¿Por qué son importantes iniciativas como el programa de Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos?
Porque visibilizan nuestras luchas y nos dan voz. Es importante que los pueblos originarios expliquemos qué está pasando desde el territorio, sin intermediarios. Pedimos que estos espacios sean auténticos, que no sean ocupados por infiltrados o por gente ajena a la realidad comunitaria. El que basura es resistir desde la raíz, y necesitamos que el mundo lo sepa. La solidaridad internacional es clave para continuar adelante.