María Caal: “Así como las personas tenemos derecho a vivir, también la Madre Tierra tiene derecho a existir, a respirar, a regenerarse”
María Caal Xol es defensora miembro de la Resistencia Pacífica del Territorio del Cahabón, una organización indígena del pueblo maya q’eqchi’ que trabaja para proteger los ríos Cahabón y Oxec, en el departamento de Alta Verapaz, en Guatemala. Este territorio, de gran valor ecológico y espiritual, es también escenario de una fuerte disputa entre las comunidades indígenas y las empresas hidroeléctricas, que operan con el apoyo de instituciones públicas y financiación internacional. María, igual que otras muchas mujeres indígenas, denuncia la criminalización y persecución que sufren las personas que defienden el territorio y los derechos colectivos de los pueblos originarios. Su lucha es también la de un modelo de vida en armonía con la natura, amenazado por el capitalismo extractivo. Durante el mes de abril María Caal dio varias charlas por el territorio catalán como participante de la gira de primavera de la XV edición de Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos.
Dentro de las campañas de concienciación que hacéis desde el colectivo “La Resistencia”, también explicáis el impacto positivo que tiene la conservación de los ecosistemas naturales, no solo en el ámbito ambiental, sino también a nivel social, espiritual y económico. ¿Nos podrías dar ejemplos concretos de este impacto en las comunidades mayas q’eqchi’ y como esta visión se contrapone a los proyectos extractivos?
La lucha que realizamos es por la defensa de los elementos naturales. Para las comunidades mayas q’eqchi’, la naturaleza no es una cosa externa, sino que forma parte de nuestra manera de vivir. La Madre Tierra, los bosques y los ríos, como el Cahabón, son sagrados para nosotros, son un elemento fundamental para la vida de las personas, de los animales y de las plantas.
Su desviación para la producción hidroeléctrica nos deja sin acceso al agua, tanto para beber como para cultivar. Vemos como cada día disminuye el agua de nuestro hogar. Por eso decidimos empezar con una lucha de resistencia en contra de estas empresas extractivas que operan en nuestros territorios. Para hacerlo, nos organizamos para concienciar a las comunidades de la región de lo que está pasando.
Cuáles son los principales reclamos que la comunidad maya q’eqchi’ ha puesto sobre la mesa en defensa del territorio, de los derechos colectivos y de su modelo de vida?
Nuestro reclamo al Estado de Guatemala es básicamente que ya no siga otorgando más licencias para las empresas extractivas. Hablamos de empresas mineras, hidroeléctricas, palmeras de producción de aceite y empresas cañeras. La madre naturaleza nos ha dado la la oportunidad de vivir en armonía con la naturaleza. La tierra y el agua son bienes comunes que tendrían que ser protegidos para todas y todos, no por unos cuántos con poder económico.
Nuestro reclamo es que dejen de saquear los elementos naturales y despojar los recursos de nuestras comunidades. Denunciamos que la tierra no puede ser mercantilizada y que no somos nosotros quien estamos ocupando sus territorios, sino ellos los que vienen a saquear los nuestros. También pedimos responsabilidades a quienes financian estos proyectos, incluidos bancos e instituciones internacionales.
Además, reclamamos que se reconozca a la naturaleza como un ser vivo con derechos propios. Porque esto no es solo una vulneración de derechos humanos, es también un crimen ambiental. Así como las personas tenemos derecho a vivir, también la madre tierra tiene derecho a existir, a respirar, a regenerarse. Cuando se destruyen los ríos o los bosques, también se destruye la vida de los animales, las plantas y de los pueblos enteros.
¿Nos puedes explicar en qué consiste la persecución y criminalización de las defensoras de los derechos humanos en Guatemala? En el caso de las defensoras de los derechos de las comunidades indígenas, ¿qué mecanismos se utilizan para silenciarse y qué argumentos se esgrimen para justificar esta criminalización?
Las empresas extractivas ofrecen apoyo económico a los candidatos electorales que mantendrán sus intereses. De esta manera, se aseguran que cuando lleguen al poder seguirán otorgando más licencias para los distintos proyectos extractivos. Por eso, cuando denunciamos las injusticias, cuando decimos que no queremos empresas extractivas en nuestros territorios, el Estado responde con represión. En Guatemala no puedes alzar la voz. Nos acusan falsamente, nos persiguen, nos difaman. Fabricar delitos es una práctica habitual para silenciarnos y cada día cambian las tácticas de cómo criminalizar a las personas.
A las mujeres, esto nos afecta todavía más: ¿quién cuida de nuestros hijos cuando somos encarceladas? ¿Dónde queda nuestra familia? Yo misma he vivido esta violencia con el caso de mi hermano, Bernardo Caal, que fue encarcelado para denunciar la destrucción de nuestros ríos. Durante cuatro años, no pudo ver crecer a sus hijas. Todo esto pasó mientras las empresas seguían operando impunemente.
Sabemos que existen precedentes de jurisprudencia internacional en la defensa de los territorios indígenas, como el fallo a favor de la Corte Superior de Justicia del caso del río Marañón en el Perú, que también fue liderado por las mujeres indígenas Kukama. En Guatemala, el Tribunal Supremo reconoció el 2017 la necesidad de aplicar el Convenio 169 de la OIT, pero todavía se continúan vulnerando los derechos de las comunidades. ¿Qué ha pasado desde entonces?
Las comunidades seguimos sin ser consultadas y se siguen otorgando licencias. El gobierno actúa como si no nos viera, como si no nos escuchara. En nuestro territorio se han desviado más de 50 kilómetros de río, se han destruido lugares sagrados y se han talado de manera ilegal más de 15 hectáreas de bosque natural.
Nosotros hicimos nuestra propia consulta comunitaria el 27 de agosto del 2017. Más de 26.000 personas dijeron que no querían hidroeléctricas en el territorio maya. Pero el gobierno no lo reconoció. Las empresas presentaron recursos legales diciendo que sí que se había hecho consulta –cuando sabemos que no es cierto. Esto demuestra cómo el poder económico compra voluntades y manipula la justicia para favorecer los intereses de las empresas. La justicia guatemalteca está al servicio del poder económico. Aun así, nosotros continuamos resistiendo, por nuestros hijos, por nuestros limpios, por las generaciones futuras.
En Ecuador, la Pachamama ha sido reconocida dentro de la Constitución a través de un referéndum. ¿Crees que una iniciativa similar sería posible en Guatemala? ¿Qué retos políticos y sociales tendrían que superar las comunidades indígenas para conseguirlo?
Es difícil, pero no imposible. El principal obstáculo es el poder económico y la corrupción política. Muchos políticos llegan al poder financiados por empresas extractivas y, una vez elegidos, solo defienden sus intereses.
Además, el cambio climático ya nos está empezando a afectar negativamente, debilitando nuestra Tierra y nuestros elementos naturales básicos para la vida. La tierra ha perdido fertilidad, las cosechas como el maíz, el frijol o el cacao se pierden. Esto genera más pobreza y migración
Pero los pueblos originarios tenemos claridad. Sabemos de dónde venimos y sabemos que somos los legítimos dueños originarios de nuestros territorios.
¿Por qué son importantes iniciativas como el programa de Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos?
Porque visibilizan nuestras luchas y nos dan voz. Es importante que los pueblos originarios expliquemos qué está pasando desde el territorio, sin intermediarios. Pedimos que estos espacios sean auténticos, que no sean ocupados por infiltrados o por gente ajena a la realidad comunitaria. El que basura es resistir desde la raíz, y necesitamos que el mundo lo sepa. La solidaridad internacional es clave para continuar adelante.
La red de perímetros, que inició con 12 huertas y ya cuenta con 20 huertos comunitarios liderados por mujeres, ha recibido financiación de una veintena de ayuntamientos catalanes, además de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD). ¿Cómo valoráis que este proyecto sea reconocido como el primero a recibir el premio al proyecto emblemático dentro de los premios de La Nit del Fons 2025?
Muchas gracias, como dices este proyecto y este premio es muy importante para nosotros, especialmente porque viene del Fons Català. Nosotros en FODDE decimos que el Fons es nuestro socio de corazón, porque no es solo una relación técnica, realmente es una relación de muchos años que ha contribuido positivamente a nuestra propia historia y crecimiento.
Nuestra cooperación se ha construido a base de muchos intercambios, muchas visitas sobre el terreno, muchos debates, muchas discusiones. Recibimos dinero otras instituciones, pero están más interesadas en los informes que en las relaciones con las personas que forman parte de nuestra entidad. Por eso apreciamos tanto este tipo de cooperación tan humana que tenemos con el Fons.
Se trata de un proyecto que se ha extendido por las 3 regiones de Casamance y donde las mujeres han tomado un rol importante y de liderazgo en la soberanía alimentaria. ¿Qué papel tiene la mujer casamancesa en la seguridad alimentaria de los hogares y como ha contribuido el proyecto a su empoderamiento?
Hay una expresión conocida por todas partes que dice que las mujeres alimentan al mundo, pero en Casamance es realmente mucho más marcado, las mujeres aquí juegan un gran papel en la autosuficiencia alimentaria.
Aun así, todavía queda mucho trabajo para que esta realidad sea aceptada y compartida por toda la sociedad. Cuando le preguntas a un hombre sobre que hace su esposa como ama de casa, la respuesta mayoritaria es que “no hace nada”. Desde FODDE, hemos hecho estudios y podemos ver que, en cualquier época del año, las mujeres están ocupadas trabajando durante 16 horas. En cambio, los hombres, hay épocas del año, como por ejemplo durante la época de lluvias, en que solo están ocupados 2 horas al día. La razón por la que las mujeres están ocupadas todo el año es porque además del trabajo de producción agrícola también se encargan de las tareas reproductivas, asegurándose que todos a la familia coman bien, se mantengan sanos y tengan agua para beber.
En cuanto a la autonomía económica, este proyecto también ha contribuido a formar a las mujeres sobre sus derechos económicos, políticos y sociales. Detectamos que cuando los alimentos son productos agrícolas destinados al autoconsumo familiar, las mujeres sí que tienen acceso y libertad para utilizarlos cómo quieran, pero cuando estos productos generan ingresos económicos, los hombres aparecen y se apropian de los beneficios. Esto es un hecho conocido, y por este motivo se ha tenido que luchar para que las mujeres no solo puedan producir, sino también controlar las ganancias que generan. Este proyecto ha trabajado mucho en esta cuestión, ayudando las mujeres a aumentar sus ingresos y a gestionarlos.
El proyecto ha impulsado la creación de sistemas de ahorro denominados Comunidades Autogestionadas de Financiación (CAF) para facilitar el acceso al crédito. Este sistema permite que cuando una mujer gana dinero, pueda ahorrarlo en algún lugar seguro. Así, si necesita dinero, puede acceder a sus ahorros para desarrollar actividades económicas o cubrir gastos importantes, como llevar a su hija a la escuela. Este sistema proporciona autonomía económica a las mujeres, que es una base esencial para poder negociar otros derechos.
La red ha recuperado huertas que se habían creado años atrás y que habían dejado de funcionar o pasaban por dificultades, y también ha acompañado la creación de nuevas huertas de entidades de ciudadanía catalana de origen senegalés, o a propuesta de FODDE o de la ACCD, hasta lograr los 20 huertos comunitarios actualmente. ¿Cuál es el estado actual de la red? ¿Se prevé que entren en funcionamiento más huertas?
Como bien dices, no hemos creado este proyecto desde cero. Cuando empezamos, ya había mujeres que trabajaban con los pocos recursos disponibles. Nuestro papel se ha centrado en mejorar el acceso a la tierra y a los medios de producción, ayudándolas a organizarse mejor, a trabajar juntas en un mismo espacio y mejorar sus técnicas agrícolas. Por ejemplo, trabajamos con las mujeres para promover la agroecología, evitando el uso de productos agroquímicos y pesticidas nocivos para la salud. Recuperamos la agricultura tradicional, que utiliza fertilizantes naturales y un aprovechamiento responsable de la tierra. De este modo, las mujeres demuestran que se puede alimentar al mundo sin destruir el medio ambiente.
El proyecto no disponía de grandes inversiones, pero se ha basado en la capacidad y la fuerza de las mujeres. Las mujeres son valientes y trabajadoras, y apoyarlas es fácil. La prueba es que, a pesar de la carencia de financiación, el proyecto continúa. Esto también demuestra su compromiso con esta iniciativa. Pero seguimos teniendo necesidad de financiación para poder reforzar este proyecto en aspectos como la construcción de pozos, bombas solares o vallas de agua, puesto que estas inversiones son demasiado costosas como para que las mujeres las asuman.
¿Cómo te has implicado y qué ha sido tu papel dentro de FODDE?
Todo empezó gracias a una ONG belga, que trabajaba temas de cooperación para el desarrollo sostenible en la región senegalesa de Kolda junto con un equipo senegalés. Un asistente técnico belga que venía esporádicamente de Dakar, reconoció que los equipos locales ya trabajaban de manera autónoma y nos sugirió crear una entidad senegalesa legalmente reconocida que se hiciera cargo del trabajo ya iniciado.
Así es como yo me involucré, formaba parte del equipo senegalés que trabajaba con la ONG belga y decidí implicarme en la fundación de esta nueva entidad senegalesa. Este proceso culminó el año 1997 con la asamblea general constitutiva de la asociación Forum pour un Développement Durable Endogène (FODDE), los miembros de la cual son voluntarios procedentes de todos los ámbitos de la sociedad civil senegalesa (agricultores, intelectuales, académicos) y de las diferentes regiones del país, como Dakar, Kaolack, Tambacounda y Kolda.
Cuando la ONG belga decidió retirarse tres años más tarde, fue un momento estresante, puesto que perdimos a nuestro principal apoyo. Pero entonces el Fons Català nos propuso los primeros proyectos de cooperación, junto con el Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia. Fueron nuestros primeros grandes socios en España y gracias a este apoyo externo también pudimos continuar con todas las dinámicas de creación de la organización. En este momento yo estaba más involucrado en el trabajo de creación de la organización, por lo cual fui seleccionado como secretario ejecutivo, y asumí la responsabilidad de coordinar al equipo técnico.
La región de Casamance también se ha visto afectada por un conflicto armado desde hace más de 40 años, el más largo del continente africano, pero aun así considerado un «conflicto olvidado» y de baja intensidad. ¿Cómo ha afectado esto a FODDE?
Nuestra organización defiende que la paz es un pilar fundamental para el desarrollo. No podemos hablar de desarrollo si hay conflictos sin resolver. Por eso, nunca nos hemos considerado una organización neutral, y cuando ha habido conflictos en los territorios donde trabajamos nos hemos ocupado de ellos.
A causa de los años de sequía, hubo molido de movimiento de población desde el centro del Senegal hacia Casamance, que era donde todavía llovía. La migración de poblaciones hacia esta región generó tensiones por el acceso a los recursos naturales. Cuando el conflicto llegó a la región de Médina Yoro Foulah, fue la misma población local quien nombró *FODDE como entidad mediadora de confianza.
El conflicto armado a Casamance es muy complejo y llegar a un acuerdo entre los actores implicados requiere diálogo y soluciones dignas para todas las partes. Hicimos la mediación utilizando mecanismos tradicionales, organizando reuniones lideradas por gente mayor para conseguir que la gente hablara y llegara a un acuerdo. Para cada problema, la gente mayor explicaba el conflicto, gestionaba el debate por la búsqueda de una solución y una vez encontrada la solución hacían un juramento que todo el mundo tendría que respetar.
¿Habéis notado algún cambio desde la llegada del nuevo gobierno?
El cambio político en Senegal ha sido impulsado por una juventud que reclama una nueva generación de líderes. Esta vez sí que hemos visto llegar a gente nueva a la escena política, y esto está despertando muchas esperanzas. La mayoría de la población senegalesa casi un 70%, tiene menos de 35 años, así que es una población muy joven. Es un momento clave para transformaciones profundas. Ahora el reto es garantizarlos educación, formación y ocupación para evitar que esta energía se convierta en frustración.
En cuanto a nuestro sector, desde FODDE estamos trabajando con el Comité de Cooperación, para implementar un modelo de cooperación que implique en los gobiernos locales y trabaje desde la solidaridad. Finalmente, el trabajo con el Fondo Catalán ejemplifica una solidaridad entre pueblas basada en el apoyo municipal a iniciativas sociales. Esto rompe con la tendencia al individualismo y muestra que es posible construir un mundo más solidario.
Gloria Cuartas: “Para avanzar en la construcción de la paz lo teníamos que hacer sin armas”
A pesar del horror vivido, la gente continúa dirigiéndose a ella como “la alcaldesa”. Gloria Cuartas actualmente dirige la Unidad para la Implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia, y recientemente ha sido nombrada directora de la Unidad para las Víctimas. Fue alcaldesa de Apartadó de 1995 a 1997. Es licenciada en Trabajo Social y se ha especializado en Geografía Política. Recientemente, ha hecho una gira por Barcelona invitada por el Fons Català, donde ofreció la ponencia inaugural de la Nit del Fons 2025.
¿Durante tu periodo como alcaldesa de Apartadó, cómo afectaba el conflicto en Colombia a este territorio?
Colombia venía de una negociación con las antiguas FARC, en medio de todas las que se han intentado. Habían desencadenado en un partido político: la Unión Patriótica. Este partido había mostrado una propuesta de trabajar la salud y la educación y los proyectos económicos de una manera alternativa, como una propuesta antihegemónica al modelo capitalista en Colombia treinta años atrás. Esto generó un choque de intereses entre los grandes empresarios bananeros, ya que se partía más de lo pequeño, de juntar comunidades campesinas, obreros… y se estaba mostrando que era posible el cuidado ambiente ambiental, desarrollar propuestas como los Municipios Asociados del Urabá (con siglas, MADU), etc. Esto hacía una planeación del territorio muy potente que generó tensiones.
Se profundizó la muerte en esta región donde había presencia de la guerrilla, las antiguas FARC, y varios frentes, con grupos paramilitares que nunca han sido grupos ocasionales o que llegaron a defenderse de la guerrilla. Fue una propuesta que se mantuvo y se mantiene como parte del enemigo interno. La visión que los Estados Unidos han tenido con el continente para mantener a los movimientos sociales, a los sindicatos… como una sospecha de que esto llega a desestabilizar sus procesos. Se desencadena más la muerte hacia la Unión Patriótica: masacres, desapariciones, violaciones… Pero en la región no solo estaba este proceso político, sino que en los años 90 también se habían generado procesos con otras guerrillas (el M-19). Colombia había tenido la experiencia del Movimiento Armado Quintín Lame, que es de pueblos indígenas; y en el Urabá, con uno de los ejércitos guerrilleros más fuertes, el EPL, que se pasó al proceso político como Esperanza, Paz y Libertad. Esta dinámica de tensión, de disputas territoriales y de narcotráfico llevan al genocidio de la Unión Patriótica.
En medio de toda esta adversidad yo trabajaba en la región y el obispo de ese entonces, monseñor Isaías Duarte Cancino, propone un acuerdo político económico y las organizaciones los partidos y que tuviéramos lo que se llama el consenso Unidad por la Paz. En principio fue esa la utopía: tratar de mantener una nueva alianza. Aceptamos, yo participé, pero los candidatos fueron asesinados y me quedé sola. Después entendimos que eso era un acuerdo de que el pacto no permitía la diversidad, y que ese pacto lo que estaba haciendo era por la vía de la muerte y por la vía de los señalamientos, usar la democracia o los procesos democráticos para eliminar los contrarios.
¿A qué retos tuviste que enfrentarte como mujer para liderar en un contexto de aquellas características?
Al mes de haber llegado a la alcaldía, el 1 de enero de 1995, llegamos en una condición que traía dos agendas: la agenda pública, que hablaba de paz; y la agenda privada, donde sectores políticos a escala local-nacional-internacional venían a eliminar el proceso. Eso fue una reflexión posterior. Fueron tres años donde había que tomar una decisión: o profundizar la muerte y el horror, o tomar varios simbólicos. Como alcaldesa, mi decisión de mujer fue con las organizaciones de víctimas, con los militantes de izquierda, con la juventud… Tenía 34 años cuando llegué a esta responsabilidad, y mi primer objetivo fue no usar armas.
Cuando llegué a la alcaldía, todo estaba como un búnker, pero retiré todos los escoltas, la vigilancia, el carro blindado… y me fui por los barrios aun sabiendo que había presencias militares de todos los grupos. Pero si intentábamos avanzar en la construcción de la paz lo teníamos que hacer sin armas, y con una palabra incluyente, pudiendo entender los problemas estructurales económicos, políticos y sociales, y ante todo, recuperar la dignidad humana. Entregando un solo mensaje que pudiera llegar también a los grupos armados, pero de igual manera a las personas del pueblo: las maestras, los grupos económicos y los empresarios, a la infancia y la juventud…
A mí los grupos paramilitares no me dejaban construir físicamente, ni una carretera ni llevar material para construir una escuela en una zona rural. Sin embargo, creo que la mayor obra no fue material. Era muy difícil pensar que simultánea a la destrucción podríamos construir físicamente. Pero estábamos construyendo la mejor obra: que los niños y niñas con vivencias horrorosas fueran creciendo en el pueblo y encontrar la posibilidad de crear solidaridades y ayudas para proteger la juventud. Hacíamos un gran cuidado de lo que quedaba de la vida.
¿Cómo podía implicarse un municipio en la construcción de paz en aquellos momentos?
Trabajamos en un corredor educativo. En medio de las bombas, del asesinato, y del miedo unimos en un corredor educativo el pueblo que tenía unas condiciones económicas más o menos favorables, con el pueblo de mayor sufrimiento. Traíamos a las niñas y los niños de otras escuelas a los sitios donde había laboratorio, en jornadas de intercambio. Eso implicó que tuvimos que arreglar los andenes para que los chicos pudieran circular, o la siembra de árboles, porque es una zona de mucho calor.
En las aulas, otra tarea en la construcción de la paz es enseñar geografía e historia con un currículum educativo sobre cosas que hasta ese momento eran un misterio para los niños y niñas. Qué transita y llega por el mar, qué hay debajo de la tierra, cuáles fueron los pueblos originarios… Mi profesión era el trabajo social, y empezamos a preocuparnos no solo por la política social, sino también por las transformaciones económicas. Estudiamos si había oro o carbón, qué implicación tiene la sierra… Este enclave fue el primero en el que llegó la colonización española. Es un punto muy importante de la geopolítica, está frente a Panamá. La cuenca del Atlántico y el Pacífico, el Tapón del Darién, te une con todos los pueblos originarios.
La música, la pintura, el teatro y la poesía también se convirtieron en una pedagogía política, una alfabetización para despertar del miedo a la gente. Con los maestros y maestras, y con las personas encargadas de las juntas comunales, trabajamos el arte como un medio para propiciar un lugar seguro después de la masacre. Recuerdo toda la cadena de profesionales de los hospitales (médicos, enfermeras, auxiliares, porteros, etc) como atendían por la mañana a los carros de cuerpos, y por la tarde se turnaban y sacaban tiempo para ir a la Casa del Arte a hacer cerámica, hablar, tomar un café, hablar sobre lo sucedido, etc.
Otro ejemplo es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una iniciativa de los sobrevivientes para defender el derecho al territorio, el derecho al agua, el derecho a la memoria y el derecho a proteger el ecosistema de la Sierra de Abibe. Hoy, esta comunidad, hace parte de lo que hemos llamado la geografía de la esperanza.
La gente recuerda esa época con horror pero, sin embargo, me siguen llamando “la alcaldesa”. Entender el valor político, intelectual y decidido de una autoridad local, que se implica en las causas profundas de un pueblo, te hace universal. El alcalde no es quien tiene el poder local, es el mediador, el facilitador. Porque el poder está a todas las escalas. No puedes decidir en un solo lugar cómo resolver la guerra y lograr la paz. Pero Apartadó se convirtió en un espacio revolucionario del arte y la esperanza.
Actualmente, eres directora de la Unidad para la Implementación de los Acuerdos de Paz. ¿Cómo se llega a esta situación?
La llegada del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez después de 200 años de una política bipartidista y excluyente, con profundos sesgos políticos, y evitando el movimiento social y el pensamiento diverso, nos ha llevado a vivir más de 40 procesos de paz distintos en Colombia. Con guerrillas, con organizaciones sociales, con grupos paramilitares que han entrado en procesos de negociación… todos los esfuerzos que se hacen por la paz se necesitan. Aunque algunos desalientan, son las vigas de amarre.
Cuando se firmó en 2016 el acuerdo de paz con las antiguas FARC, nos unimos gente de diferentes partes del país. Se identificaron 75 corredores de sufrimiento. Empezamos a hacer un esfuerzo de cómo reconstruir el país, sacar las armas de la política, avanzar en cambios estructurales económicos y del modelo de desarrollo, y en una política de paz que ante la diversidad de opiniones se pueda construir este proyecto de país. Se plantearon 6 grandes puntos que cogen la visión global de Colombia: la reforma integral, la participación política, el fin del conflicto y que los firmantes de paz pasen a ser parte de la vida del país, la sustitución de uso ilícito de cultivo, y el acompañamiento y seguimiento al proceso de paz. Estos seis puntos nos ponen un compromiso unilateral del estado colombiano para llegar al 2031 y que las inversiones nacionales e internacionales, y el trabajo interno, nos ayuden a tender un hilo de luz para activar las distintas escalas de transformación del país. Es de una arquitectura muy compleja. Pero muchas personas expertas e investigadoras coinciden en que este acuerdo tiene muchas esperanzas.
¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son los principales retos que se han tenido que abordar?
En noviembre de 2022, se aprueba la Ley de Paz Total con la que, como gobierno, tenemos un reto global de acuerdo con las antiguas guerrillas y repensar con el ELN los procesos, junto con el Clan del Golfo y otros grupos paramilitares que han nacido dentro del estado. Esto que digo es algo muy polémico, porque hay investigadores que dicen que son de afuera. Pero yo creo que están adentro.
Hay un reto con los jóvenes que están dentro de pandillas y no pueden ser calificados como delincuentes. Tienen que formar parte del establecimiento de justicia. Y el Presidente empieza esta tarea, muy complicada, porque ha tocado dialogar en la mesa con grupos insurgentes, donde hay intereses de la mafia, donde tienes fuerza pública que también se ha enriquecido con el conflicto. En esta Ley de la Paz Total no hemos llegado a un punto de equilibrio, pero estamos intentando colocar el diálogo por encima de la confrontación.
Las rutas por donde sale la droga y su incautación en el mar ha implicado una política antidroga que está más puesta en Estados Unidos que en la realidad en América Latina, y esta política también tiene un debate internacional. ¿La legalización de la droga es el camino? Quizás la farmacéutica, la ciencia y la tecnología, pueden encontrar otros usos de la hoja de coca. Porque el problema no es la hoja de coca. Es el uso que se le da a través de los químicos. Esto ha traído muertes y una red profunda a la que sabemos que no interesa superar el conflicto de la droga. Porque el armamentismo también mueve mucho dinero, prestigio y corrompe. Pero estamos en una política feminista de desmilitarización no solo de los Estados, sino también de la gente.
Yo tengo la responsabilidad de la implementación de los Acuerdos de Paz. Son 53 entidades del Estado y 25 sectores en los que hay que organizar la inversión pública como política de paz, para que cada Ministerio destine unos recursos en salud, vivienda, etc. Esto no es tan sencillo por el modelo neoliberal de la administración pública, donde cada Ministerio viene cumpliendo su misión. Esto obliga a los Ministerios a hacer una transformación de la administración pública.
También tenemos el reto de comprar y legalizar 7 millones de hectáreas. En este gobierno, hemos alcanzado 1.500.000 hectáreas de tierra formalizada y 500.000 compradas, y esto es muy importante para los pueblos étnicos, las zonas de ley segura, para decidir propiedades y usos de tierras que son del Estado, para la reserva forestal, para los grandes ecosistemas de nacimientos de agua… porque el conflicto llevó a la gente a estos lugares. Y hoy estamos trabajando propuestas como títulos verdes con restricción de uso, para que la gente pueda permanecer en sus territorios pero transformando los usos del suelo: ni ganadería extensiva ni minería. El catastro multipropósito es también el corazón de la reforma agraria. Esto permite a los alcaldes conozcan claramente quiénes son los grandes terratenientes que no han pagado impuestos, dónde están las víctimas del conflicto, si hay gente que está haciendo procesos de retorno… También tenemos a 12.200 firmantes de paz que están en proyectos productivos y de ecoturismo, en lo que se llama “Colombia destinos de paz”. Puedes ir a visitar proyectos rurales en ríos y montañas de firmantes de paz. Son parte de ese catastro para que ese cobro de impuestos sea diferencial. Y en los subsistemas de la reforma rural integral también se están integrando recursos nacionales y de cooperación internacional para hacer vías rurales, equipamientos comunitarios, escuelas, puestos de salud…
En la jurisdicción para la paz, todo lo que es el sistema restaurativo, se está llegando a decisiones judiciales sobre los máximos responsables tanto del Ejército Nacional como las antiguas guerrillas para las sanciones propias. Tienen que tener un carácter restaurativo y retributivo: restricción de la movilidad para quienes fueron los máximos responsables, que no quiere decir la cárcel. Esta es la transformación más fuerte que estamos teniendo en el país.
Pasar de la cárcel y de lo punitivo, a un proceso de pedir perdón y de reconocer lo que ha pasado y, colocar la mano de obra para hacer inversión social, implica una transformación cultural muy potente.
También hay firmantes de paz que han puesto su vida en un proyecto para buscar a personas dadas por desaparecidas con toda la técnica y todo el rigor forense y antropológico, y acompañados por entidades expertas. También hay un grupo de firmantes de paz que están mapeando los lugares con sospechas de minas.
Pero lograr que el Estado trabaje junto aún no lo hemos logrado. Es un trabajo lento y políticamente difícil… Hoy estamos con un Congreso que no ha aprobado la reforma de salud, la reforma laboral… Estamos en un instante de contradicción porque las leyes las tumban los congresistas o la corte constitucional. Hay un presidente y un pueblo que está construyendo una propuesta alternativa pero con grandes presiones a su alrededor.
¿Cuál es la situación humanitaria actualmente en la región del Catatumbo?
Se trata de una región al lado de Venezuela, donde hay un gran interés de Estados Unidos por ocupar esa frontera y en pensar cómo desde Colombia se pueden hacer ocupaciones militares a Venezuela. Yo asumo toda mi responsabilidad como trabajadora por la paz y funcionaria del Gobierno. Y como mujer estudiosa de la paz de Colombia, hago una alerta de la preocupación por estos más de 2.000 km de frontera que nos unen desde La Guajira hasta Arauca. Para que nunca vaya a ser utilizada Colombia para ninguna agresión a ningún país hermano. Nuestra frontera ha permitido siempre que sea una zona binacional, porosa y de mucho movimiento. Una región compartida en la economía, en los cuidados de animales, en el agua…
El ELN habita esta frontera, a mi parecer todavía como expresión política. También está el Clan del Golfo, y los grupos que vienen haciendo presión para ocupar una territorialidad fronteriza, y llegan las disidencias de las antiguas FARC por todos los entrampamientos. Porque en Colombia, desde el presidente Santos y el presidente Duque, se hicieron entrampamientos a la paz que pasan por asesinar a excombatientes y combatientes para no llegar con ellos a la mesa de negociación, porque tienen más condiciones políticas. Luego viene la dispersión y reventón de los procesos. Todo esto se ha mezclado en el Catatumbo.
Ahí tenemos a más de 50.000 personas desplazadas por el conflicto. Las acciones del ELN contra la población fueron atroces. No tiene justificación en términos del dolor ocasionado. Pero cuando hay más confusión, hay más miedo y más muerte, hay que buscar soluciones para parar el dolor de las víctimas, que tienen que estar por encima de las condiciones militares. Las dos partes tienen que buscar salidas políticas. Tenemos que proteger a las personas que han honrado el acuerdo de paz.
Hay una entidad en Colombia que es muy potente: la Defensoría del Pueblo. Es un órgano constitucional y autónomo que está ayudando a generar acompañamiento a las víctimas y está organizando rutas humanitarias para llegar a los lugares donde hay confinamiento para acompañar a las comunidades. Estamos llegando a una etapa aun con dificultad de acompañar retornos. Por ello, creo que hay que hacer una gran campaña internacional para decirle al ELN y a todos los grupos del gobierno que se respete el derecho de las comunidades campesinas, de las mujeres, y de las víctimas a retornar a sus lugares. No podemos desocupar y simplemente decir que nos vamos todos. Yo vengo de una generación que resiste en territorio. Donde la gente tiene su raíz, su memoria y su derecho, que tenemos que proteger.
“Es una disociación absurda que unos luchemos contra una dictadura y otros quieran entrar en una”
Itza López es nicaragüense y hace 4 años que vive en Barcelona exiliada por participar en 2018 en manifestaciones para exigir democracia en su país. Esta semana, en Sant Boi de Llobregat y Vilafranca del Penedès se proyectará un documental financiado por los socios del Fons Català que lleva su nombre.
Eres protagonista del documental «El viatge d’Itza» que se ha estrenado recientemente y que habla de tu historia y exilio de Nicaragua. ¿Cómo te has sentido al ver el documental?
Ver el documental y ver a la Itza que acababa de llegar aquí fue impactante. Estaba pasando muchos estragos por lo que viví. Los 3 años que estuve viviendo bajo represión y persecución, y fue difícil. Verlo me tocó, y se me revolvió de nuevo en el estómago lo que creía que estaba en calma. Pero creo que también es necesario tener esos revolcones de realidad: ver de dónde venimos, todo lo que pasé hasta llegar aquí, y lo que queda todavía. Ver esta primera parte me dio ganas de continuar la segunda parte. Como yo lo manifestaba en el documental, para mí lo más importante son los nicaragüenses que están en el exilio, y los que están más cerca de Nicaragua. Viven en miseria en comparación con las personas que tenemos el privilegio de migrar a Europa o a Estados Unidos, o a cualquier otro país donde medianamente se pueden tener mejores condiciones de vida.
¿Por qué crees que es importante hacer una segunda parte en Costa Rica?
Para mí, a este documental le falta el chute de realidad que se vive en Costa Rica. Mucha gente se tuvo que despejar de todos sus bienes, está empezando de cero y tiene que seguir luchando. Muchos son personas mayores y ya no pueden acceder a una pensión porque ya no son nicaragüenses legalmente. Otros tienen trabajos precarios para poder pagar una habitación.
Tú también tuviste que empezar de cero en Barcelona. ¿Cómo fue el proceso de adaptarte a una nueva vida aquí?
Al inicio fue muy duro. Aunque yo no soy exiliada política legalmente en España, porque tengo papeles españoles. Pero la condición de exilio es no poder volver a mi país por haber exigido libertad. Aunque lo más duro es no saber qué hacer en ningún sentido. Uno no tiene amigos, no conoce a mucha gente… Es difícil saber hacia dónde dirigirte. Lo más difícil de los primeros meses fue que quise hacer muchas cosas para reparar lo que me quitaron, como intentar estudiar. Intenté hacer estudios de Turismo aquí en Barcelona, pedí una beca y al final no me la dieron. Entrar en una Universidad de aquí no es lo mismo que en Nicaragua, donde pagaba 20 dólares al año. Ese fue el primer golpe: el cambio de los precios, de cómo la vida es tan cara para lo que a uno le enseñaron que era accesible, como la educación.
Otra dificultad para el día a día fue el catalán. Yo no lo hablaba y, aunque mi padre era catalán y siempre lo entendía muy bien, siempre me faltó algo para internar hablarlo. Al inicio era un tema por el que sentía que tenía menos acceso a muchas cosas por el hecho de no hablarlo.
Pero, al final, creo que tuve el privilegio de tener familia aquí, que son los que me ayudaron y me dieron una casa. En cambio, hay mucha gente que se viene y no tiene ni un espacio donde quedarse. Por un lado, eso me hacía sentir bien, pero del otro vivía cada día con el rencor de no poder volver a mi país. Yo quería migrar algún día, pero nunca me imaginé que tendría que ser forzosamente.
Tú creciste en Nicaragua, creyendo en el sandinismo y en la Revolución Popular Sandinista de 1979. ¿Por qué un movimiento que ilusionó a tanta gente ha acabado convirtiéndose en un régimen autoritario?¿Qué crees que falló?
Yo creo que hubo diversos fallos parte del mismo proceso revolucionario. Para mí, el sandinismo, o la misma Revolución, se remonta a mucho antes de 1979. Cuando Augusto César Sandino verdaderamente luchó en las batallas. Era un hombre que sí creía en todas esas teorías marxistas y comunistas, de cómo debe ser el ideal de izquierdas, del socialismo y del progreso. Pero creo que el problema está cuando cada una de las personas que están en el poder ponen sus objetivos personales por encima del bien de un país y una nación. Para mí, durante la misma guerra hubo muchas cosas que se le permitió hacer al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL) que fueron tapadas y nadie se acordó. Y hoy en día tenemos todas estas heridas que estamos cargando. Al partido se le permitió que tomara el poder de todo el Estado: desde el poder policial al electoral. No hubo democracia en ningún momento, tal vez en la constitución de Nicaragua. Pero el Frente se encargó de modificarla. Tenían en cada uno de los lugares donde se tomaban decisiones, en el 70%, a gente sandinista que votaba por las leyes sandinistas. La manipulación del poder.
Con todo, uno se cuestiona también: ¿“Qué es en lo que creí todo este tiempo”? Ese es el problema que tenemos ahora. Creímos en ideales, en lo que fue la izquierda ideal, pero la realidad es totalmente opuesta. Sabemos que eso no nos gusta. Tenemos el ejemplo de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son tres países donde la izquierda se ha mantenido fuerte, pero a base de una dictadura y prácticas antidemocráticas. No se puede ser de izquierdas si no hay libertad política ni democracia ni todo lo que esta izquierda promulga. De nada sirve tener educación o salud pública si es todo precario.
¿Cómo ves el futuro en América Latina con la crisis de la izquierda y de los movimientos progresistas en la región?
Yo espero que las futuras generaciones podamos reivindicar esta izquierda y todo esto que verdaderamente es la izquierda: que pueda haber progreso y podamos cambiar nuestro país. Pero hay que quitarnos la dictadura y las “momias” políticas. Necesitamos el pensamiento de los jóvenes. Quisiera ver que se organizaran más movimientos de izquierdas en Latinoamérica, que no solo fueran los movimientos feministas o de defensa de los pueblos indígenas. Son movimientos sociales y son la base social de la izquierda, pero si dejamos a esa base sola y no creamos alternativas reales políticas no vamos a vencer a ese gran monstruo, que es Estados Unidos. Porque yo tampoco creo que la solución sea vendernos a ese tiburón.
A lo largo de la historia, otros países han impulsado procesos de justicia transicional o acuerdos de paz para abordar los crímenes del pasado y reconstruir la democracia. ¿Crees que Nicaragua podría seguir un camino similar en el futuro? ¿Qué condiciones crees que serían necesarias para hacerlo posible?
Primero, es necesario hacer un proceso de reparación histórica y que se asuma, también por parte del Frente, su daño. Lo bueno y lo malo. No se puede seguir contando la historia solo de lo bueno porque durante el sandinismo también se sometieron a muchas comunidades indígenas, por parte de militares sandinistas, a cambio del territorio. También son culpables de que muchas comunidades estén desvinculadas.
Pero para que se dé esto primero debemos tener un espacio seguro. Pero en Costa Rica hay mucha gente infiltrada, y hay gente que está amenazada dentro del país. Es importante generar espacios para la construcción de lo que queremos cambiar en Nicaragua y para la reparación histórica. Para que los nicaragüenses podamos decidir de qué manera queremos construir esto, en qué condiciones políticas, y de quién queremos ayuda y apoyo. Hasta ahora todo han sido promesas al aire. Se han construido cosas intangibles, que no se ven.
Y luego, tener la disposición política de todas las personas que estén involucradas en movimientos sociales en defensa de Nicaragua de sentarnos y no diluir de nuevo en temas que no son para construir una democracia o un proceso de paz. Hay que ponerse un calendario sobre qué hablar. Si no pasará igual que en 2018 o 2019, donde todo el mundo quería ser escuchado al mismo momento. No somos una oposición sólida. No tenemos que estar todos en un solo movimiento o partido, pero tenemos que estar de acuerdo en cuál es el objetivo: que saquen a Ortega y se construyan condiciones para la democracia en Nicaragua. Yo creo que nos perdemos con “ayudas” por la falta de claridad política de la oposición. Tenemos que construir una propuesta de cambio que enamore a los nicaragüenses, y que no sea vendernos al gran capital. No quiero que mi país se convierta en un país dominado por grandes empresas. Se nos va a ir lo verde, el ambiente y la cultura.
Hay que volver a ponerlo en la agenda. Hacernos sentir que nosotros trabajamos en pro de Nicaragua. Y eso es algo que se va a ir construyendo. No se va a dar de un día para otro. La revolución duró diez años de lucha.
Esta desvinculación política entre las generaciones más jóvenes se está dando en Europa, junto con el aumento de los discursos populistas y de extrema derecha. Sumado a esto, hace unos meses se publicó una encuesta anunciando que, en el Estado español, 1 de cada 4 varones de entre 18 y 26 años (Generación Z) considera que “en algunas circunstancias”, el autoritarismo puede ser preferible al sistema democrático. ¿Qué les dirías a estos jóvenes?
Lo primero que les diría es que intenten hablar o acercarse con personas que han vivido bajo una dictadura y que les cuenten qué es vivir bajo un sistema dictatorial. Creer que se puede vivir bajo un modelo autoritario sin estarlo viviendo… no es nada comparado con la realidad. Creo que estos jóvenes quieren no tener que pensar por sí mismos en cómo construir su futuro, sino que alguien lo haga por ellos. Pero eso no es una dictadura. Quien está en el poder decidirá qué es lo que le beneficia a él y a su familia, no lo que es mejor para el pueblo. Eso es un régimen dictatorial, y ese no es el camino.
El sistema que crea el gobierno cuando uno vive bajo una dictadura son las calles llenas de policía, la gente meada de miedo, no puedes tener la bandera en tu casa, hay cosas que tienes que hablarlas en voz baja… Tampoco hay condiciones jurídicas para nadie. Todos estos jóvenes no saben qué es pasar por situaciones duras o difíciles. Al menos las condiciones que tenemos en Latinoamérica con las dictaduras es que se trabaja muy duro y se gana muy poco. Ganamos 300€ al mes. ¿Y con esto qué haces? La moneda está tan inflada. Yo les invitaría que se vivieran en esos países a vivir con esas comunidades, no como turistas.
Uno no puede decir que le gustaría vivir bajo una dictadura cuando venimos miles de millones de personas migrando por vivir bajo dictaduras.
¿Por qué crees que se da esto?
La generación Z, en la que me incluyo, debemos intentar ser más políticos. Somos una generación que se ha desvinculado mucho del pensamiento político, de formar parte de los movimientos sociales y ser parte de la construcción de algo. No sé si es la llegada del móvil y las redes sociales que han hecho más perezosa la vida, y estar desvinculado de la realidad… pero todo lo que nos hace bien no son las luchas sociales ni ver el fruto de lo que se pudo conseguir para que hoy podamos vivir bajo estas condiciones.
Los españoles ya saben lo que fue vivir en una dictadura y no era bonito. Es triste pensar así, en lugar de decir: me voy a comprometer en la lucha social y para conseguir mejores condiciones de vida en mi lugar. Me duele ver cómo hay temas aquí muy fuertes, como la vivienda, pero no hay tanto movimiento social. Muchos somos migrantes que hemos vivido en condiciones absurdas en nuestros países. Es un tema que aquí también nos afecta. Hay que revisar hacia dónde queremos ir… De nada sirve que nosotros estemos luchando para salir de una dictadura cuando en este lado del mundo quieren entrar en una. Es una disociación absurda.
«El gobierno de México da dinero a las comunidades indígenas pero construye macroproyectos que les destrozan la vida»
Hablamos con Sara López, activista mexicana y defensora del territorio y las poblaciones indígenas. Participó en la edición de primavera del proyecto de Ciudades Defensoras del Derechos Humanos 2024, coordinado por la Comisión Catalana de Acción por el Refugio y el Fons Català, en el cual defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo vienen a Cataluña a explicar sus luchas y la realidad de sus territorios.
¿Cuál es tu trayectoria como defensora de los derechos humanos en México y, más concretamente, tu vinculación con la defensa del territorio?
Empecé muy joven como defensora y mi formación política e ideológica vino de la teología de la liberación en los 80. Me fui implicando, poco a poco, en la defensa del agua, en temas de salud… Durante aquel tiempo decretaron la Reserva de la Biosfera de Calakmul y estuvimos apoyando a comunidades que vivían dentro de la reserva, para evitar que los reubicaran y, en los casos que se tenían que reubicar, nos asegurábamos que se les daba las condiciones que requerían.
En cuanto a la defensa del agua, no tenemos agua en el municipio de Calakmul y en los 80 hicimos varias acciones de protesta para llamar la atención del gobierno, pero a día de hoy continuamos sin agua. A raíz de aquellas acciones tuve que huir porque recibí órdenes de detención. Pasados dos años volví a casa y formé parte del movimiento zapatista.
Posteriormente, estuve vinculada a la defensa del acceso a la energía eléctrica: pedíamos una tarifa justa, que la energía eléctrica fuera un derecho humano, y que no se privatizara. De hecho, estamos en huelga de pago de la energía eléctrica desde hace 18 años, y lo mantendremos hasta que no se cumplan nuestras demandas.
En todo este proceso de lucha, de la noche a la mañana nos acusaron a cuatro compañeros y a mí de privación ilegal de la libertad de un funcionario público de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se inventaron este delito, nos detuvieron y pasamos 11 meses en la prisión. Salimos por la presión política a nivel local, nacional e internacional, y Amnistía Internacionalnos declaró tomados de conciencia y nos otorgaron un premio como defensores y defensoras del territorio.
Actualmente, estamos llevando a cabo la defensa del territorio, la tierra y el agua con este megaproyecto mal llamado Tren Maya. Estamos indignados y sentimos mucha impotencia por no poder estar haciendo más para detenerlo. Es un tren militar, porque quién lo está haciendo son los militares con recursos de empresas extranjeras y nacionales. De hecho, hay empresas españolas.
¿Qué consecuencias tiene la construcción del Tren Maya en la región?
Hay impactos muy fuertes. Se están destruyendo y contaminando los cenotes, que al gobierno no le importa que estos cenotes sean sagrados por la población indígena. El agua está contaminada, está sucia, hay cemento, e ¡imagínate la contaminación de los animales que viven! Y bien, también están destruyendo todos los árboles y las reservas que hay, son miles de kilómetros donde están generando esta devastación, porque no solo se trata del lugar por donde pasará el tren, sino también toda la zona de comercio, que requiere mucha infraestructura. Han fracturado la selva.
Sufrimos un calentamiento global muy fuerte, desde el año pasado lo estamos notando mucho más y nosotros lo atribuimos a esta devastación.
Aparte de esto también hay la basura que generan y aumentará con el turismo masivo. Además, no tenemos agua, a pesar de que por el Tren Maya sí que hay. Hay centenares de cañerías que llevan agua para regar toda la zona por donde se está construyendo el tren, y mientras tanto la gente se está muriendo de sed.
¿Está habiendo afectaciones sociales?
Sí. Está todo militarizado y la población tiene miedo. Se pierde la tranquilidad. Las vías del tren pasan por el medio de las comunidades y rompen la convivencia porque la población queda dividida. En varias comunidades han instalado puentes para atravesar las vías del tren pero están alejados de los núcleos y no están habilitados para gente mayor.
Además, las comunidades están divididas entre la gente que está a favor del tren y la que está en contra. Ha habido criminalización y violencia contra compañeros y compañeras que se movilizan en contra del macroproyecto. También ha habido desalojos de familias que vivían en la zona por donde tiene que pasar el tren. Hace mucha pena.
Todo ello está afectando también los medios de vida de la población. Las familias que han tenido que marchar de sus tierras, algunas las han podido malvender al gobierno, pero a otros que se negaban a vender se las ha expropiado. Estas personas ya no siembran la milpa, que es un sistema agrícola tradicional.
Una de las afectaciones más importantes de esta situación será cuando llegue el turismo de verdad. Nos llevarán alimentos otros lugares que serán procesados y transgénicos, y nos olvidaremos de la milpa. Es un riesgo porque perderemos la cultura, las costumbres de los Maya, la manera de vestir, el idioma…
Los precios también están subiendo mucho a causa de las personas que vienen de fuera de la comunidad. También ha aumentado mucho la delincuencia, la drogadicción y el alcoholismo.
¿Se está tomando alguna medida a nivel comunitario para hacer frente a esta situación?
Una de las cosas que se ha estado haciendo es trabajar en las comunidades. Como organizaciones estamos intentando articularnos a nivel peninsular, nacional e internacional, porque sentimos que esta lucha es de todos y todas, ¿no? Todos los impactos que hay a causa de la deforestación perjudica el mundo entero. La reserva de Calakmur es uno de los pulmones más grandes del mundo y lo están deforestando.
También somos parte del Congreso Nacional Indígena donde hay muchas organizaciones y si hay una criminalización todas levantamos la voz.
Hacemos mucho trabajo con las mujeres también, estamos recuperando la medicina tradicional de nuestros ancestros, de nuestras abuelas. Hacemos talleres sobre los derechos de las mujeres, sobre patriarcado, sobre agroecología, estamos trabajando en la recuperación de las semillas nativas…
¿Qué trato recibe la población indígena por parte del gobierno mexicano?
Recientemente, el gobierno ha impulsado un programa que se llama «Sembrando vida» con el cual da dinero a la población a cambio de la siembra de árboles. Hay gente que lo aplaude porque el gobierno nunca ha dado dinero a la población indígena, pero realmente es una forma de control. Por un lado, te da dinero pero, por otro, te está construyendo un megaproyecto de muerte que te está destrozando la vida. Estos programas han desarticulado mucho el trabajo comunitario que hacían las organizaciones y no están dando respuesta a las verdaderas necesidades de las comunidades, como por ejemplo los servicios básicos. Se les da dinero simplemente, que es una manera de comprar a la gente.
Compartimos experiencias personales sobre el racismo, los prejuicios raciales, y el peligro de la Historia Única que siempre percibimos. Como dice la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, se tiene que romper con el peligro de la Historia Única. Todavía prevalece la visión eurocentrista y no se explica la otra parte. También entre las comunidades migrantes. Por ejemplo, una asistente norteafricana compartió cómo allí también se marginan a los africanos negros por no tener la piel clara.
Fue una charla muy bonita para tener varias visiones e historias. Un espacio seguro y agradable. ¡Parecía que estábamos en el patio de casa intentando solucionar el mundo! Y esto te da pie a sentirte libre para expresarte.
Espacios como estos son maravillosos porque nos dan la oportunidad de ser escuchados, compartir nuestras historias, crear debates y compartir conocimientos y opiniones. Como sociedad, tenemos que estar de forma equilibrada y ser capaces de entendernos. Las persones asistentes también salen de allá con otra mentalidad, y quizás ellas trasladan a otras personas estas ideas. Porque no te deconstuyes porque lo decides un día por la mañana, tienes que tener la inquietud, y estos espacios ayudan a hacer cambiar este chip.
Al final la base es informar, educar y romper esquemas, no reforzando la Historia Única.
¿Cómo ha sido tu camino hacia el activismo y las redes sociales?
Yo siempre he sido activista. Pero empecé con las redes sociales como una plataforma donde dedicarme al cabello afro, para enseñar a las mujeres y niñas a dejarse el cabello afro y dar consejos. Con la pandemia todo cambió de rumbo. Recibí mucho odio y me di cuenta de que había mucha ignorancia con respecto a las personas migrantes, las personas negras y el continente africano, así que empecé a hablar más sobre estos temas hasta hoy.
La parte buena de las redes sociales es que llega a todos los rincones del mundo. Nunca he estado en México, pero me escribe mucha gente de allí. También de Inglaterra, por ejemplo. Es importante destacar que no todos los mensajes que llegan por redes sociales son positivos pero, como mínimo, el mío lo es y todo el mundo tiene acceso.
Gracias a las redes sociales también he escrito un libro, o quizás lo hubiera hecho pero más tarde. Al final las plataformas nos conectan y pueden salir cosas de esta unión y conexión, y es lo qué me pasó con la editorial cuando me propusieron por redes escribir un libro. No me lo pensé dos veces, y salió España no se solo blanca que da reconocimiento a todas las personas negras que fueron parte de la historia de España, y prácticamente no se habla. Me parecía importante tener referentes no tan actuales. Se cree que en el estado español no había negros, pero en el siglo XIX y XX sí que había. Y es importante que los tengamos presentes. Es un legado por los más jóvenes. Es una obra juvenil (a partir de 13-14 años) que escribí de forma que todo el mundo lo puedas entender, sin tecnicismos, pero con el objetivo de romper esquemas.
Una parte importante de tu tarea divulgativa es también dar a conocer tu cultura y tus orígenes.
Sí. Yo soy de Guinea Ecuatorial, que fue colonia española, y por eso hablo español. Soy de una de las etnias del país, que es la Fang. Somos una población que viene de muy lejos, nuestra antepenúltima asentada fue en Sudán del Sur. Después de la invasión musulmana, huimos hasta donde actualmente es el Golf de Guinea y diferentes territorios de la África Central. Somos personas que hemos sobrevivido de la tradición herrera, durante este periodo de estilo nómada. De hecho, en Guinea Ecuatorial, los Fang fueron los primeros en tener una moneda de hierro, que se decía ekwele, hasta que vino la peseta y se acabó.
Nuestra cultura varía, porque el país tiene hasta siete etnias diferentes y cada una tiene su propia lengua, cultura y tradiciones. Esto crea mucha diversidad en el país, que para mí es maravilloso. Mi etnia es culturalmente heteropatriarcal, donde el hombre hetero siempre está por encima de todo, a pesar de que no siempre fue así. Esto pasa con otros territorios africanos, donde sus culturas y tradiciones se modificaron con la colonización. Como Guinea Ecuatorial, un país que no existía, y es producto de la creación de los portugueses que ocuparon aquella tierra 300 años, y después los españoles durante 200 años. Hubo modificaciones muy malas, y otras no tan malas, pero ninguna de buena.
Un aspecto muy positivo es que en Guinea Ecuatorial todavía tenemos enciclopedias humanas, personas que vivieron la colonización. Recuerdo un hombre diciendo: “aquellas personas eran unos salvajes que vinieron aquí a maltratarnos”. La única cosa positiva que nos dieron, dijo, es la religión. A mí me da rabia que agradezcan esto, porque nosotros ya teníamos nuestras religiones. El lavado de cerebro llega hasta pensar que la religión que se nos dio es la verdadera.
En nuestro país, la religión condena la homosexualidad. Y la homofobia, la transfobia o la LGTBIfobia se justifica diciendo que Dios creó a Adam y Eva. No hay nada más allá. Nuestras religiones de antes no condenaban la homosexualidad, pero como han pasado 500 años, la gente ahora no quiere indagar y les resulta más cómodo quedarse con lo que conocen.
En Guinea Ecuatorial también fundaste la entidad Somos parte del mundo. ¿En qué consiste?
Somos parte del mundo nace a partir de una necesidad de dar visibilidad a la comunidad LGTBI de Guinea Ecuatorial, donde es una parte de la sociedad bastante marginada. La homosexualidad no es un delito, pero la homofobia tampoco. Esto provoca que no le pase nada al agresor. Y a esto se le suma que hay leyes en el país que también prohíben manifestarse. ¿Quién puede vivir dentro de un cajón de este modo? Nuestra tarea, pues, no solo es hacer visible esta situación, sino también ayudar a los más jóvenes. A la mayoría, cuando sus padres descubren que tienen esta condición u orientación sexual, los echan de casa. Estos jóvenes acaban ejerciendo la prostitución y están expuestos a los contagios. Nosotros los acogemos y los ayudamos con los tratamientos sobre VIH, pero también a que recuperen los estudios. Esto lo fomentamos mucho porque hay mucho abandono escolar en las infancias trans. Se les tiene que concienciar que pueden continuar estudiando y continuar su vida. También trabajamos para empoderar a las mujeres guineanas. Todo esto sin poder manifestarnos, y manteniendo la asociación de manera ilegal porque no se puede legalizar en el país.
«En México hay personas solicitantes de refugio de más de 100 nacionalidades distintas»
Enrique Vidal es director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, que cada día atiende a más personas en movimiento en la frontera sur de México.
¿Qué es y qué tarea se realiza desde el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba?
Somos una organización local en primera línea de terreno afincadas en Tapachula, Chiapas, a 30 kilómetros del punto fronterizo con Guatemala. Damos acompañamiento a personas en distintos contextos de movilidad. Usamos este término para no etiquetar la naturaleza o categoría de persona, sino que hablamos del contexto que se da por las causas del desplazamiento y por las políticas migratorias que les privan acceder a sus derechos. Ofrecemos acompañamiento jurídico, psicológico, de integración social por acceso a derechos, y también promovemos iniciativas de integración social comunitaria de participación colectiva. Todo esto lo recogemos en un modelo de documentación específico del contexto actual que nos permite tener información de primera mano, tener miles de testigos para sistematizar y construir argumentos de defensa de derechos humanos en espacios de incidencia política, social y comunitaria, y jurídica, que nos sirven para realizar litigio estratégico ante los tribunales nacionales de México y del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Actualmente, somos un equipo de 30 personas que trabajamos en el Centro Fray Matías, recibiendo cada mañana a las personas que vienen a las oficinas.
¿Cual es la situación en la frontera sur de México?
En los últimos años hemos recibido un número más grande de personas respecto a decadas anteriores. Cerramos el 2023 con 140.000 solicitudes de refugio en México, una cifra récord. Entre un 70-75% de estas peticiones se tramitan o se inician desde la ciudad de Tapachula. Pero el acceso a los procedimientos de refugio están condicionados por estar bajo una política migratoria que todavía está basada en la detención masiva de personas y deportaciones en países de origen. En los últimos años, hemos dejado de recibir a personas que van a buscar una aventura económica, y a hombres solos que buscan mejorar la calidad de vida de sus familias. Ahora recibimos a familias completas, a veces con dos y tres generaciones.
Son testigos de supervivencia de graves violaciones de los derechos humanos sistemáticas y violencias generalizadas en los países norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador) pero, cada vez más, personas caribeñas de países como Cuba o Haití. También de países de Sudamérica como Venezuela, Perú o Bolivia, así como nacionalidades del continente africano o del sudeste asiático. En México, hay personas solicitantes de refugio de más de 100 nacionalidades distintas. Todo esto se debe a una externalización de la frontera de Estados Unidos, que sigue marcando una hegemonía sobre cómo determinados países deben llevar a cabo su política migratoria.
El primer círculo de externalizaciones es la frontera sur de México con Guatemala, y después hay otras que han venido descendiendo cada vez más hasta llegar a la frontera entre Panamá y Colombia. Por tanto, las personas que nosotros recibimos vienen de haber vivido situaciones muy complejas y graves, que afectan especialmente a la infancia y los adolescentes, sobre todo a las niñas y mujeres jóvenes, que se enfrentan a situaciones cada vez más graves por culpa del crimen organizado. Determinados grupos están directamente vinculados con las administraciones de los países de tráfico incluido, desgraciadamente, el gobierno mejicano. En este sentido, es un contexto en el que hay mucha violencia, pero donde las personas todavía tienen la capacidad, la fuerza, la creatividad y las estrategias para seguir atravesando las fronteras internas, políticas, simbólicas y militares con el objetivo de tener un proyecto de vida migratoria. En algunas ocasiones con México como país de destino, o con el objetivo de llegar al sistema de asilo estadounidense y, en menor medida, el canadiense.
¿Crees que el reciente cambio de gobierno mexicano conducirá a nuevas propuestas o seguirá la misma línea hacia la gestión migratoria?
Los recientes resultados electorales en México nos dan un panorama de mayor legitimidad y base social del gobierno entrante. Lo que ha salido es ya uno de los que tenía mayor credibilidad entre la población mexicana, pero este nuevo viene de una orientación previsiblemente más moderna, menos dependiente de conceptualizaciones políticas del México de los años 80-90, y con una fuerza y capacidad diferente. Aún así, la política migratoria está completamente determinada por Estados Unidos y las negociaciones entre ambos estados, ya que México es ya el principal socio comercial de Estados Unidos, por delante de China. La relocalización económica que está sucediendo en la región está poniendo la agenda migratoria en una necesidad de negociación y consenso, y cada vez menos imposición lisa y plana. Pero poco a poco México ha ido incorporando un rol propio de contención migratoria. Debemos avanzar mucho en este sector de apoyo del gobierno actual para favorecer una agenda de inclusión social e interculturalidad, y de lucha contra el racismo y la xenofobia, que permita una agencia propia con avances significativos en materia de derechos humanos e inclusión socioeconómica y laboral.
Todo estará muy condicionado a los resultados de las elecciones estadounidenses en noviembre, donde una victoria del partido republicano tendría una expresión mucho más racista y discriminatoria de la que ya se tuvo con Donald Trump en el 2017. En el caso de una victoria del Partido Demócrata, habría una posición muy débil que siempre estaría buscando negociar la agenda migratoria con la parte moderada del partido republicano. Así que, en el horizonte, no vemos posibilidades de cambios estructurales.
Este funcionamiento de las fronteras lo estamos viendo a nivel global. Tanto en Australia como en el Mediterráneo -y en el sur de España-, se está repitiendo el mismo modelo de contención migratoria. Es un fenómeno que se está globalizando y, con esa gestión de fronteras, se están provocando los contextos de violencias que estamos afrontando. También hay situaciones que escapan a las coyunturas electorales de un país u otro.
¿Y qué rol desempeña el Centro Fray Matías en este contexto?
La gente nos ubica como herramienta para reforzar el acceso a sus derechos. Es muy importante comprender que las personas no buscan una ayuda asistencial, sino que quieren tener la información que venza la desinformación que reciben por parte de los gobiernos y las redes de tráfico de personas, y puedan tomar decisiones sobre qué quieren hacer como familia o cómo a pareja, ya sea en diferentes zonas de reubicación dentro de México, como en Estados Unidos, donde cada vez es más difícil cruzar. Por tanto, México se está convirtiendo en un país de destino de refugiados, cuando hace unos años no lo era. Así que nuestras estrategias de acompañamiento van orientadas a dar esa posibilidad de ubicarse en la realidad socioeconómica, laboral y de vivienda que se pueden encontrar en México.
Como centro de derechos humanos con 27 años de experiencia en la frontera sur de México, hemos ido construyendo una memoria histórica que se convierte en una memoria política de la movilidad humana como uno de los principales flujos de movilidad a nivel global. Actuamos también como un espacio de análisis y compartimos experiencias que pueden favorecer en la incidencia política y en las redes de solidaridad y hermanamiento con otras luchas sociales y políticas.
¿Cuáles son las principales dificultades que se encuentran para trabajar?
Como activistas y personas defensoras nos afrontamos en algunas situaciones de difamación, intentos de desacreditar e incluso criminalizar nuestra labor, relacionándolo con el tráfico de personas o de colaboración con estas redes. La orden ejecutiva de Joe Biden de esta semana precisamente habla de actores privados que colaboran en la red de tráfico de personas en la zona sur de México y Centroamérica. Este discurso tan abstracto nos pone en situaciones de riesgo, haciendo que constantemente estemos legitimando nuestra labor con organizaciones internacionales y medios de comunicación para entender qué realidad está en juego y que nuestro enfoque es denunciar la violación de derechos humanos de las personas. Porque el modelo migratorio tal y como está establecido no favorece al gobierno o las personas, sino a una industria armamentística ya un lobby muy fuerte de Estados Unidos, y al crimen organizado transnacional.
Sin embargo, el principal riesgo lo tienen las personas que acompañamos que, constantemente, sufren secuestros, violaciones o violencia sexual de diferentes tipos, riesgos de desaparición, formas de tortura por parte de agentes públicos, y de detención migratoria -que es una forma de privación de libertad irregular y arbitraria-. Esto se le suma estar expuesto a la deportación a sus países de origen, que les supone un riesgo en su vida y su libertad por las condiciones sociopolíticas de estos países. Cabe recordar que los principales países expulsores de América Latina son los que tienen sanciones económicas y embargos comerciales por parte de Estados Unidos, han sido despojados de sus territorios, bienes naturales y medios de producción… Todo esto viene de esa lógica neoliberal y neocolonialista que tiene a los pueblos completamente desprovistos y crea climas de violencia radical.
También hace falta mencionar el estado de la salud mental de estas personas por todas estas condiciones, y lo que les genera la incertidumbre sobre su situación. Esto también debe ponerse en el centro.
