Manifiesto del Dia Mundial de las personas Refugiadas
La cooperación municipalista ha trabajado para la protección internacional desde la fundación del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo hace 33 años. El hundimiento de un barco con cientos de personas que huían de sus países buscando refugio camino de Europa el 19 de abril de 2015 provocó una ola de indignación y rechazo de parte de la ciudadanía europea a la falta de respuesta de los Estados con los refugiados. Aquel día muchos ayuntamientos catalanes mostraron su solidaridad con el municipio de Lampedusa, que se convertiría en la principal administración pública que ofrecía acogida, cobijo y asistencia a las personas que buscaban refugio, sin tener las competencias ni los recursos.
Pero fue durante el verano de 2015, cuando Europa asistió a una grave crisis humanitaria como consecuencia del desplazamiento forzado de cientos de miles de personas huyendo de la guerra en Siria, que se levantó una ola de solidaridad que tuvo un fuerte impacto en la ciudadanía de Cataluña y que interpeló a las administraciones públicas para que dieran una respuesta adecuada a esta voluntad solidaria de la ciudadanía, tuvieran o no las competencias en materia de asilo. Fruto de esta demanda, en septiembre de 2015 decenas de ayuntamientos reunidos en la sede del Fondo decidían coordinar esfuerzos proponiendo que el Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo activara una campaña de emergencia en apoyo a las personas que buscan refugio mientras éstas no pudieran ser acogidas en nuestro país.
En estos últimos cuatro años el municipalismo catalán ha dedicado esfuerzos humanos, materiales y económicos en dar asistencia a los refugiados, y han sido muchas las lecciones aprendidas en un contexto caracterizado por la variabilidad, la incertidumbre, el cambio y la amenaza. Es importante mencionar el apoyo económico que ha recibido la campaña, que en cuatro años ha recogido dos millones de euros, provenientes del apoyo solidario de más de 200 ayuntamientos, entidades municipalistas, diputaciones, consejos comarcales, entidades sociales y donaciones privadas, deviniendo la campaña de emergencia con más aportaciones de los entes locales socios en los 33 años de vida del Fondo. Estas aportaciones han permitido activar proyectos de apoyo a personas que buscan refugio en varios países de tránsito y de acogida, y han ayudado a paliar su sufrimiento. En acciones de denuncia, cabe destacar la implicación de más de 300 ayuntamientos y entes supramunicipales catalanes que, desde el año 2015 hasta ahora, han aprobado seis mociones y pronunciamientos del mundo local en apoyo y la protección de las personas refugiadas.
Esta campaña se ha desarrollado en un escenario europeo de incumplimiento de los compromisos de acogida y vulneración flagrante de los derechos humanos de las personas que huyen. Estos escenarios sitúan la mal llamada “crisis de refugiados” (porque es una crisis de la que son víctimas estas personas y no un factor causal) como un fenómeno de larga duración con consecuencias dramáticas para millones de personas desplazadas de manera forzada con necesidades urgentes de protección y ayuda humanitaria urgente.
A mediados de 2018, la ONU cifraban en más de 70 millones las personas que habían tenido que abandonado forzosamente sus hogares, lo que supone el mayor éxodo jamás registrado en la historia. Estas cifras se deben principalmente a la continuidad de conflictos de larguísima duración (Palestina, Colombia, Afganistán o República Democrática del Congo), y en la falta de resolución también otros más recientes, como los que han surgido en Siria, Sudán del Sur o Myanmar. Por otra parte, se están dando nuevas causas de migración forzada, como las vividas por las personas de la llamada ‘Caravana migrante’ de Centroamérica, que también han sufrido numerosas vulneraciones de derechos humanos en su ruta hacia los Estados Unidos, o las que se están produciendo en diferentes partes del mundo con los denominados ‘refugiados climáticos’.
En 2018, el Mediterráneo volvió a ser la ruta migratoria más peligrosa del planeta, con al menos 2.299 vidas perdidas en sus aguas. De ellas, más de 800 fueron en las rutas hacia España, lo que supone un dramático incremento respecto al año anterior. Sin embargo, la respuesta de la mayor parte de los países de la UE fue criminalizar la tarea solidaria de salvamento que realizan los barcos de las ONG.
En diciembre de 2018, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y del Pacto Mundial sobre Refugiados. A pesar de su carácter no vinculante y de la falta de adhesión de algunos estados, para la entidad este acuerdo abre una ventana de oportunidad bajo el principio de responsabilidad compartida para afrontar los nuevos retos que plantean los desplazamientos de población en el contexto actual.
Ante la cronificación de esta situación, podemos afirmar que la emergencia no ha terminado y que continúan vivas las razones para dar respuesta a la demanda de apoyo a las personas y organizaciones que trabajamos para dar asistencia a las personas que buscan protección internacional, y que el municipalismo catalán debe tener un papel relevante en este sentido.
Por esta razón desde el municipalismo catalán apoyamos la campaña # mónlocalrefugi y nos comprometemos a mantener las aportaciones a la campaña del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo dirigida a paliar el sufrimiento humano en las rutas de fuga y en los países de primera acogida; y, en nuestro país, el desarrollo de acciones de sensibilización y denuncia, con un doble objetivo. En primer lugar, alimentar de discurso crítico el empuje de solidaridad que se ha generado de manera espontánea entre la ciudadanía por los refugiados, con perspectiva de transformación social y justicia global, evitando el paternalismo y la caridad. Y en segundo lugar, sensibilizar a los ayuntamientos de la importancia de la cooperación internacional para atacar las causas de los conflictos, más allá de gestionar las consecuencias sobre la población civil que se ve obligada a huir buscando refugio y protección internacional.
Barcelona, 20 de junio de 2019